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22 Ene 2013

El juez abre juicio contra Fabra y le impone una fianza de 4,2 millones Destacado

Escrito por  J. Antequera
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Más de ocho años después de que estallara el caso, el juez de Nules, Jacobo Pin, dictó ayer auto de apertura de juicio oral contra el presidente del PP provincial, Carlos Fabra, al que impone una fianza de 4,2 millones de euros por los delitos de fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

Pin, el noveno juez que ha tomado parte en el asunto, exige además una fianza de 1,7 millones de euros a María Amparo Fernández, ex esposa del líder provincial del PP; 800.000 euros al empresario Vicente Vilar; y la misma cantidad a la ex mujer del industrial, Montserrat Vives. Todos ellos figuran como imputados en la causa por las relaciones comerciales que mantuvieron durante años.

El caso Fabra estalló a finales del año 2003, cuando Vilar, gerente de la empresa Naranjax, interpuso dos querellas en los juzgados de Nules y acusó a Carlos Fabra de cobrar cantidades millonarias a cambio de presionar ante altos organismos del Estado para lograr la comercialización de un largo listado de productos insecticidas agrarios fabricados por el industrial de Artana. La Fiscalía Anticorrupción se hizo cargo de la investigación del patrimonio de Fabra y halló al menos cinco delitos de fraude al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas por importe de 3,3 millones de euros entre 1999 y 2004. La cuota defraudada a Hacienda se situaría en torno a 1,7 millones.

A finales de 2010 la Audiencia Provincial de Castelló estimó un recurso del político popular y acordó el archivo de la causa al considerar que los delitos fiscales habían prescrito. El Tribunal Supremo, sin embargo, reactivó el caso el pasado mes de diciembre y dictaminó que los supuestos fraudes fiscales cometidos por el ex presidente de la Diputación de Castelló, lejos de prescribir, siguen vigentes. Fabra ha recurrido esta decisión ante el Tribunal Constitucional.

Tras cerrarse la instrucción en Nules, el caso Fabra pasa ahora a la Audiencia Provincial de Castelló, que previsiblemente fijará fecha para la celebración del juicio oral. Según fuentes judiciales consultadas por este diario, la vista podría celebrarse antes del verano, una vez que los magistrados de la sala segunda resuelvan los últimos recursos presentados por las partes.

El juez Pin advierte a los acusados que de no aportar la fianza señalada «embárguenseles bienes de su propiedad en cantidad suficiente para cubrir dicha suma o acredítese en legal forma la insolvencia». Los acusados tienen un plazo de un día (que podría prolongarse hasta el lunes) para entregar la fianza requerida por el magistrado. Además, las partes disponen de un plazo de diez días para hacer sus alegaciones, aunque Pin ya advierte de que contra el presente auto «no se dará recurso alguno».

Con esta resolución, el juez de Nules ratifica que hay indicios de que Fabra medió ante los ministerios de Agricultura y Sanidad en favor de Naranjax. En los antecedentes de hecho, el magistrado sostenía que Vilar era administrador de Naranjax, firma dedicada a productos fitosanitarios que eran a su vez sintetizados por la mercantil Arcavi, cuya titular era su entonces esposa, Monserrat Vives.

Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los ministerios de Agricultura y de Sanidad, para lo cual se puso en contacto con el entonces presidente de la Diputación a través de su mujer, Amparo Fernández, que era amiga de Monserrat Vives.

Tras estos primeros contactos, Fabra celebró una reunión con el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada; el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa; el diputado Juan José Ortiz; y el senador Miguel Vicente Prim para tratar sobre los retrasos en la concesión de licencias para los fitosanitarios e informar sobre el estado administrativo de los productos de Vilar y Vives.

Posteriormente, se aprobó la autorización para uno de los productos más importantes de Naranjax y, a consecuencia de esto, Carlos Fabra requirió a Vilar 25 millones de pesetas en metálico en reconocimiento a su mediación, según la investigación de Anticorrupción. El empresario ha confesado esta operación ante el juez.

Más tarde, Fabra y Vilar constituyeron una empresa para canalizar las autorizaciones de venta que Naranjax fuese obteniendo de los ministerios de Agricultura y Sanidad: Artemis 2000, SL. Esta sociedad fue fundada al 50 por 100 por Vives y Fernández.

Después, el presidente castellonense continuó su labor de mediación a favor de las empresas de Naranjax y Artemis 2000 ante autoridades y funcionarios públicos de la Administración central, con el objetivo de agilizar la concesión de licencias. Entre los ejercicios fiscales de 1999 y 2004, Fabra y su mujer obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían con el patrimonio de la pareja.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/01/21/juez-abre-juicio-fabra-le-impone-fianza-42-millones/874416.html

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