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08 Ago 2014

Boletín de Luchas Obreras (8 de Agosto de 2014) Destacado

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Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

>ERE DE ATENTO: SE CONSUMA LA ESTAFA A LOS TRABAJADORES

>LA JUNTA DE ANDALUCÍA CONTABILIZA EN GRANADA 79 ACUERDOS DE INAPLICACIÓN DE CONVENIOS PARA EVITAR ERES

>EL AYUNTAMIENTO DE HUELVA RETRASA LOS DESPIDOS EN LA EMV PORQUE NO TIENE DINERO PARA PAGAR LAS INDEMNIZACIONES

>JUZGADOS DE LO SOCIAL ADMITEN LA PRIMERA DEMANDA POR DESPIDO CONTRA EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

>LAS LIMPIADORAS DESPEDIDAS DENUNCIAN QUE SE INCUMPLE LA CONTRATA DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

>CGT CONVOCA HUELGA EN EL AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ PARA LOS DÍAS 15 Y 17 DE AGOSTO

>LA HUELGA DE "BOLIS CAÍDOS" EN BURGOS LIBRA A CASI 2.000 COCHES DE LA GRÚA MUNICIPAL

>LAS TRABAJADORAS DE AYUDA A DOMICILIO DE CUEVAS DEL CAMPO EN HUELGA

>LOS TRABAJADORES DEL 1-1-2 Y DEL SERVICIO DE URGENCIA CANARIO DESCONVOCAN LA HUELGA

>EL COMITÉ DE SNIACE, A LA ESPERA DE QUE LA EMPRESA FIJE LA PRÓXIMA REUNIÓN Y DE RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN PARA EL RECURSO

>EL NUEVO ERE DE LA BASE DE MORÓN AFECTARÁ A 55 TRABAJADORES

>EL GRUPO CANTOBLANCO DEJARÁ LA CAFETERÍA DE LA ASAMBLEA Y PAGARÁ LAS NÓMINAS ATRASADAS A LOS EMPLEADOS

>SIN DESPIDOS Y CON MEJORAS SALARIALES, CLAVES DEL FIN DE LA HUELGA DE BASURAS EN LUGO

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ERE DE ATENTO: SE CONSUMA LA ESTAFA A LOS TRABAJADORES

http://www.tercerainformacion.es/IMG/jpg/20140715_121850_0.jpg

¿Atento está en crisis?

“No es una crisis, es una estafa”, con este titular la CGT sacó un comunicado informativo el pasado 26 de junio que distribuyó entre todos los trabajadores de Atento. El mes y medio que ha transcurrido desde esta comunicación hasta el día de hoy ha ido confirmado, una a una, todas nuestras sospechas. Vamos a intentar analizar brevemente en este artículo por qué desde CGT se entiende que Atento ha estafado a los todos los trabajadores de su empresa con la complicidad de la organizaciones sindicales UGT y CCOO. ¿Atento está en crisis?

Las causas reales

Este ERE es un montaje realizado por la troika que maneja los destinos de la empresa de telemarketing Atento. Llamamos troika al grupo de decisión formado por la dirección actual de Atento, el fondo de inversión buitre “Bain capital” (los dueños de Atento) y la multinacional Telefónica (antigua dueña de la empresa y principal proveedor de servicios de la compañía).

Esta troika diseño un plan para aumentar salvajemente la productividad de los trabajadores y las ganancias de todas las partes con un único afectado: los trabajadores. Su plan consistía, básicamente, en realizar centenares de despidos en los servicios de Telefónica sin disminuir la carga de trabajo lo que permitiría multiplicar sus beneficios en un corto espacio de tiempo.

Para llevar a cabo este plan malévolo la troika contrató los servicios del bufete de abogados “Garrigues”, fundado por Antonio Garrigues, militante de Falange Española Tradicionalista y de las JONS y alto funcionario del régimen franquista. Vamos, lo mejor de cada casa. Con estos mimbres, el cesto que hicieron estaba lleno de despidos aderezados de avaricia y mezquindad.

Las causas alegadas – Comienza el fraude

CGT entiende que a ninguna organización que exista para defender los derechos de los trabajadores le gustan los despidos colectivos. Son una herramienta perversa en poder de las empresas para prescindir de trabajadores de manera barata, en un proceso rápido y bastante desagradable. La ley, (la reforma laboral de 2012, es decir, una ley hecha de la mano de la patronal) exige que, para poder despedir a estos trabajadores, la empresa “demuestre” que existen unas causas que justifiquen la necesidad de acometer los despidos.

El día que presentó este ERE en Atento la troika alegó, por boca de Garrigues, causas económicas, organizativas y productivas. Sin embargo, desde CGT se entiende que los 30 días de negociación que marca la ley han servido para demostrar todo lo contrario.

En cuanto a la causa económica manipulada, se ha demostrado que la empresa tiene beneficios, es decir, que mes a mes gana dinero con su actividad habitual. Se ha demostrado también que no existe ninguna causa productiva, ya que la facturación del principal cliente de Atento (Telefónica) está garantizada hasta el año 2021 y además la empresa, paralelamente, está consiguiendo más servicios y está contratando nuevos trabajadores en los servicios de Telefónica. También crece en otras campañas de otros clientes que ha obtenido en los últimos meses (administraciones públicas, compañías de seguros, etc.). No se ha alegado la pérdida de ni una sola campaña ni servicio en el último año. En cuanto a la tercera causa alegada, la organizativa, no ha alegado la dirección de Atento modificación alguna en los sistemas y métodos de trabajo de la plantilla, que seguirán siendo los mismos con carácter previo y posterior a este ERE, con lo que tampoco existe, en absoluto, causa organizativa, ni alegada ni acreditada.

El intento de alegar causas inexistentes ha quedado desmontado al ofrecer la empresa la indemnización marcada para el despido improcedente, pero claro, para CGT y para los trabajadores de Atento la cuestión no era despedir más barato o más caro, sino no validar este fraude de ninguna manera.

La estafa

Una de las mayores barbaridades de este ERE es que se ha aceptado por los firmantes del acuerdo que existen unos “criterios selección” de los despedidos que permiten que se den circunstancias de discriminación. Algo absolutamente ilegal y que en CGT sólo podemos calificar como estafa.

Los criterios elegidos son todos subjetivos, manipulables y no constatables por los representantes de los trabajadores. Se escogen como criterios la productividad (que no esta medida por ningún parámetro objetivo) o cuestiones tan absurdas como la valoración del cliente tras el trabajo del teleoperador (las típicas encuestas de satisfacción a la que te transfieren los teleoperadores cuando termina la llamada). Pero quizás el criterio objetivo que más ha indignado es el absentismo. Aquí se establece que es causa justificada de selección de los despedidos la ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad de larga duración por lo que los enfermos crónicos han salido muy perjudicados, atentando contra el básico derecho a la salud y a la integridad.

Además, como los criterios elegidos son subjetivos y absolutamente manipulables, se ha dado vía libre a la troika para incluir en el ERE a multitud de trabajadores por estar afiliados a sindicatos, por sus ideas políticas, por tener reducción de jornada, por estar embarazada o, para más inri, como hemos dicho ya, por estar enfermos. Los criterios han sido usados por Atento para soltar lastre discriminando a los trabajadores.

Esto es fácilmente demostrable, ya que en multitud de servicios hay trabajadores, no incluidos en el ERE, que cumplen las mismas funciones y puesto que los despedidos y donde no existe ningún motivo objetivo para que el despedido lo haya sido y el trabajador que permanece no, siendo por tanto el único Leitmotiv del despido quitarse de encima a ese trabajador que, casualmente, es afiliado a algún sindicato, está embarazada…

Como contrapartida para aceptar estos 403 despidos forzosos, la empresa aceptará la presencia de voluntarios, a los que también elegirá a dedo (los voluntarios también son discriminados), y que se sumarán a la cifra inicial hasta alcanzar la vergonzosa cantidad de 672 despidos por este ERE.

El papel de UGT y CCOO

A estas alturas no debería sorprender a nadie el papel de las organizaciones sindicales mayoritarias. En el sector del Telemarketing, estos sindicatos se han convertido en los “chicos de los recados” de las empresas. En Atento su papel ha sido nefasto, desde el primer día hasta el último. CGT detectó con rapidez que las reuniones de este ERE eran puro teatro. No tenía ningún sentido que los dos sindicatos con mayor representación en Atento no se preparasen las reuniones, y que la duración efectiva de las reuniones nunca fuera superior a las 2 horas.

Estaban teniendo reuniones paralelas entre las cúpulas de las federaciones sindicales y con el bufete Garrigues, el representante de la troika. En las reuniones, por arte de birlibirloque, la empresa iba variando ligeramente su postura, hasta llegar al punto que habían pactado previamente.

La lucha sí sirve

Los trabajadores y trabajadoras de atento han dado una enorme lección a lo largo de este mes. Han secundado varios paros en los centros de trabajo y, masivamente, han hecho un seguimiento de las convocatorias de huelga de 24 horas realizadas. La estafa que supone este ERE ha sido asimilada por gran parte de la plantilla, que además ha participado en manifestaciones y concentraciones por todo el Estado que se han realizado contra estos despidos. Sin duda, han sido los y las trabajadoras los que han presionado a la burocracia sindical, que, a pesar tener cerrado un acuerdo con la troika desde hace semanas, intentó lavarse la cara el último día con una burda jugarreta, el referéndum trampa, con el argumento de que “en un referéndum, los y las trabajadores/as decidían”. Vamos, un falaz razonamiento que les ha servido para validar aquello que tenían cerrado semanas atrás.

El referéndum Trampa

El trío lalalá (UGT y CCOO más la alianza de FASGA - la quintaesencia del sindicalismo amarillo -), pactó con la empresa el 31 de julio un referéndum.

El mismo consistía en que los trabajadores a los que el martes 5 de agosto les comuniquen su despido decidan el miércoles 6 si quieren una indemnización de 20 días o de 45 días. Nadie les habló a los trabajadores de las causas, ni de la estafa que suponían los criterios de selección, ni la mala fe de la empresa durante todo el periodo de consultas. Sólo les hablaron de dinero, aconsejándoles coger el dinero y correr, con esa frase que siempre repite esta gentuza en estos procesos: “más vale un mal acuerdo que un buen pleito”. Eso de luchar por defender todos los puestos de trabajo se les olvidó.

En este referéndum trampa, además, se incluye en el censo de los afectados a los voluntarios, por lo que el pucherazo está asegurado. Tras esta “democrática” votación, en la que no se ha permitido la entrada ni la supervisión de los sindicatos contrarios al ERE, el trió lalalá validará las causas del ERE.

El resultado de este pucherazo es lo de menos, 445 sí y 93 no es, es lo de menos porque cuando se hacen trampas, y se descubre a los tramposos, la partida no vale. CGT no reconoce este resultado amañado y ha decidido acudir a los tribunales para defender que todo este ERE está viciado desde principio a fin y que es nulo de pleno derecho.

Hacemos aquí mención especial a los 93 trabajadores y trabajadoras de atento que han ido a votar y que han defendido que no querían esta mierda de estafa.

Como dato curioso el único centro donde gano el NO, que fue Coruña, fue el único centro donde permitieron la entrada a todos los sindicatos del comité de empresa. En otros centros, la presencia de sindicatos que no fueran UGT o CCOO estaba prohibida y el acceso se lo impedían vigilantes de seguridad contratados por Atento.

De la empresa, es normal esperarse cualquier cosa, porque es quien ha decidido llevar adelante estos despidos, pero esta actitud que hemos visto a lo largo de todo este proceso por UGT y CCOO solo se entiende cuando vamos conociendo las altas dosis de corrupción y degeneración a las que han llegado estas organizaciones, que sin duda forman una casta sindical. Estos sindicatos se han convertido en un elemento más del sistema, que quiere acuerdos entre empresarios y sindicatos que le garanticen la mal llamada “paz social”. ¿Cuál es la solución? La organización y la movilización

Con la ratificación del acuerdo entre los sindicatos mencionado y Atento se ha producido la venta de centenares de puestos de trabajo. CGT luchará judicialmente contra estos despidos colectivamente, pero no se le escapa que con un acuerdo de los sindicatos mayoritarios, es mucho más difícil convencer a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que es el tribunal donde se juzgará en los próximos meses la procedencia de estos despidos. Esta sala además sentenciará con una ley hecha a medida de los empresarios. No obstante, tras el recorrido colectivo de la demanda por este fraude, y si no se consigue la nulidad de todo este proceso, quedará también el camino de las demandas individuales que se tendrán que resolver por los juzgados de lo social de las provincias donde se están produciendo estos despidos.

Para CGT la lucha es el único camino. Los trabajadores despedidos pueden autoorganizarse y luchar constantemente contra estos despidos. No podemos poner nuestra confianza solo en los jueces, que no viven ajenos a las presiones del establishment que tiene el poder en este país. La lucha y la movilización de los trabajadores son el contrapeso imprescindible que tiene que oponer la clase obrera. Dicho de otra manera, la lucha no ha terminado ahora, solo acaba de comenzar.

LA JUNTA DE ANDALUCÍA CONTABILIZA EN GRANADA 79 ACUERDOS DE INAPLICACIÓN DE CONVENIOS PARA EVITAR ERES

Granada (Europa Press)

El delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Granada, José Antonio Aparicio, ha informado que el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) ha registrado en el primer semestre de este año 3.381 demandas laborales de conciliación, casi un 6 por ciento menos con respecto al mismo período de 2013 cuando se contabilizaron 3.582 conflictos individuales (8.312 en todo el año). Las reclamaciones, en su mayoría, están relacionadas con incumplimientos pactados en convenios.

Aparicio ha subrayado que en este primer semestre de 2014, como lo fue a lo largo de todo 2013, y una vez superadas las etapas de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que fue la tónica de los primeros años de crisis, "la inaplicación de los convenios colectivos ha sido lo que ha marcado las relaciones laborales en los últimos tiempos entre empresarios y trabajadores".

Si los acuerdos de inaplicación de convenios fueron 6 en 2012 y 144 en 2013, desde enero de este año ya se han registrado 79 de ellos. El delegado de Economía ha explicado que estas variaciones tan acentuadas "se debe a que se trata de una figura nueva que introduce la reforma laboral de 2012. Es la principal alternativa que los empresarios ofrecen a su plantilla para evitar reducirla a través de un ERE".

Las condiciones en los acuerdos de inaplicación de convenios son aprobadas conjuntamente por empresarios y trabajadores, y en ellas se reflejan la renuncia a subidas salariales para evitar despidos; la prolongación de la jornada de trabajo, y los cambios en la jornada laboral pese a lo establecido inicialmente en el marco de cada empresa.

Por otra parte, según los datos aportados por el CMAC, los trabajadores que recurren a su mediación lo hacen principalmente por impagos de salarios, reclamaciones de cantidad y por despidos injustificados. Entre las 3.381 demandas de conciliación registradas hasta el pasado 30 de junio, en 515 de ellas hubo avenencia entre las partes.

El delegado de Economía ha hecho hincapié en que el objetivo del CMAC (adscrito al Servicio de Administración Laboral de la Delegación de Economía) "es procurar un acercamiento entre empresarios y trabajadores para que logren un acuerdo sin tener que recurrir a la vía judicial", y ha recordado que sus resoluciones son vinculantes. Igualmente, ha destacado la labor de su personal y la de los mediadores que representan a las organizaciones empresariales y sindicales "por su actitud y esfuerzo para llegar a una resolución pacífica y que los conflictos particulares no se prolonguen en el tiempo".

En síntesis, el capítulo de relaciones colectivas recoge que desde el pasado mes de enero se han concluido 46 convenios y se han conseguido 22 acuerdos de mediación, que fueron 34 y 62, respectivamente, a lo largo de 2013. El apartado de infracciones y sanciones contempla que se han iniciado 146 expedientes y se han resuelto otros 168, que el pasado año fueron 286 y 298, respectivamente. En cuanto a los ERES, hasta el pasado mes de junio se tramitaron 69 de ellos (279 en 2013).

EL AYUNTAMIENTO DE HUELVARETRASA LOS DESPIDOS EN LA EMV PORQUE NO TIENE DINERO PARA PAGAR LAS INDEMNIZACIONES

Los aplaza a "después del verano"

Juan Carlos Adame comunica a los trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda que si el Consistorio les indemniza ahora no podrían abonarse las nóminas al resto de trabajadores y funcionarios.

El Ayuntamiento de Huelva no sólo carece de capacidad económica para mantener en plantilla a los 12 trabajadores de su Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), a los que se comunicó el despido hace ahora dos meses. El Consistorio onubense no dispone de dinero ni para pagar las indemnizaciones de esos 12 empleados.

Así se lo ha comunicado el presidente de la sociedad municipal, Juan Carlos Adame, a un grupo de trabajadores de la compañía, a quienes les ha trasladado que, por ese motivo, los despidos quedan aplazados, en principio, hasta "después del verano".

Según ha podido saber el diariodehuelva.es, el también concejal de Empleo ha admitido, en presencia de los representantes de la plantilla, que si el Ayuntamiento les paga ahora las indemnizaciones, aunque sólo sea una tercera parte, no tendría liquidez para abonar las nóminas al resto de trabajadores y funcionarios.

Eso sí, el Consistorio pagó a la plantilla una de las cuatro nóminas que les debía el viernes antes de las Fiestas Colombinas. Ocurrió después de que un grupo de empleados se presentara en el Ayuntamiento con el objetivo de ser recibidos por el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez. En principio les comunicaron que Rodríguez no se encontraba, aunque el primer edil llegó precisamente cuando los empleados se encontraban allí y se los encontró antes de entrar en su despacho, por lo que tuvo que conocer de primera mano la desesperación de varios padres de familia a los que se les debía cuatro nóminas.

Una vez realizado ese pago, la EMV debe a sus trabajadores un total de tres meses y tres pagas extraordinarias, aunque la sociedad sólo reconoce la deuda de una extra debido a la suspensión de ese complemento por parte del Gobierno central. Además, el Ayuntamiento les debe igualmente la diferencia entre la nómina del convenio anterior y la nómina del convenio actual, que ha sido declarado nulo por el juzgado, durante los últimos doce meses.

JUZGADOS DE LO SOCIAL ADMITEN LA PRIMERA DEMANDA POR DESPIDO CONTRA EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

El Juzgado de lo Social de Madrid ha admitido la correspondiente demanda contra el Consejo Superior de Deportes (CSD) en el que una trabajadora solicita la nulidad de su despido firmado en su día por el máximo responsable de la citada administración.

Hasta ahora el CSD venía auspiciando, mediante subvenciones, despidos en las federaciones 'intervenidas' y de hecho, su anterior Director General de Deportes, David Villaverde, compareció como testigo en diversos juicios para refrendar la situación económica deficitaria de las mismas a instancias de los presidentes de éstas. Este apoyo fue siempre bien considerado por éstos como gesto de complicidad y cercanía.

A raíz de la marcha de Villaverde a la Vicepresidencia del Gobierno -cerca de Saenz de Santamaría- y la llegada de Ana Muñoz a la citada Dirección General, se ha obviado lo anterior y ésta no acude a los juicios que afectan a las federaciones deportivas a diferencia de lo que hizo Villaverde en su día.

Pues bien, en relación con uno de los anteriores despidos, se ha recibido en la sede del CSD una cédula de citación con respecto a una trabajadora, vinculada, en su día, al equipo de Jaime Lissaveztky, en la que se admite la demanda e incluso se cita en el interrogatorio al actual presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal; por cierto, especialista en Derecho Laboral por la Universidad de Badajoz.

Este juicio que se celebrará en diciembre revela que el CSD pasa por situaciones semejantes a las de las propias federaciones deportivas, alguna de las cuales ha resuelto contratos que afectan a más del tercio de su plantilla y ello con el beneplácito del propio CSD, que ha 'animado' dichos despidos e incluso subvencionado por ello, puesto que esta partida sólo podía ser destinada a ese concreto y exclusivo fin.

Muy sonado ha sido el cese fulminante de una de sus dos secretarías por parte de Ana Muñoz. Esta trabajadora -que es funcionaria del CSD desde hace años- estuvo con Albert Soler y Matilde García, que ocuparon la más alta instancia del CSD. Pues bien, hace unos días, en el curso de una fuerte discusión con Ana Muñoz, ésta la terminó advirtiendo que "estaba cesada".

En cuanto a la citada demanda por despido, ésta se verá a final de año y podría conducir, dependiendo del resultado, a la readmisión forzosa del trabajador. De hecho, al CSD se le ha exigido judicialmente el soporte de la extinción, justo lo que éste viene exigiendo a sus federaciones. Contrasta esta actitud con el Consejo Superior de Deportes (COE), que fue interpelado para que, ante la disminución de ingresos del propio COE, practicara idéntica política, pero Alejandro Blanco se negó en rotundo.

LAS LIMPIADORAS DESPEDIDAS DENUNCIAN QUE SE INCUMPLE LA CONTRATA DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

Lo hacen a través de un escrito remitido desde la CNT

Profesionales de limpieza despedidas por la empresa concesionaria del servicio en el hospital San Pedro de Alcántara denuncian que se incumple la contrata. Lo hacen a través de un escrito remitido desde la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y en el que recuerdan: «Somos personal subrogado, y el Servicio Extremeño de Salud (SES) en su día estipuló entre sus condiciones la subrogación de la plantilla. Y ahora parece que no ve esta cláusula que se está incumpliendo».

«El día 28 de julio hemos sido despedidos nueve trabajadores del servicio de limpieza con antigüedades que van desde los 36 a los siete años», recuerdan los afectados. Apuntan que la concesionaria, Servex, del Grupo Fissa, justifica los despidos «por no existir producción» pero matizan que no se tiene en cuenta que al tratarse de un centro de salud «la limpieza y buena asepsia es básica». Mencionan que ya debieron asumir recortes con anterioridad y que Servex ha vuelto a adjudicarse el contrato.

En este sentido, Izquierda Unida muestra su apoyo y solidaridad a los trabajadores y critica que la empresa trate de recuperar la rentabilidad mediante despidos «recortando sueldos y derechos laborales» tras quedarse el contrato «pujando a la baja». A su vez, reclama a la Junta de Extremadura que rescinda el contrato a Servex y sean readmitidos los profesionales que han perdido sus puestos de trabajo.

CGT CONVOCA HUELGA EN EL AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ PARA LOS DÍAS 15 Y 17 DE AGOSTO

Trabajadores del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, convocados por CGT-Aena, realizarán paros los días 15 y 17 de agosto en contra de la privatización de Aena, paros que afectarán a empleados del aérea encargada de la seguridad operacional del aeropuerto.

De esta forma, médicos, bomberos y personal de atención al pasajero han sido convocados a los paros que tendrán lugar desde las 15 hasta las 20 horas del día 15, y entre las 7 y las 11 de la mañana, y las 20 y las 23 horas del siguiente día de huelga.

Desde el sindicato también se ha hecho un llamamiento a los controladores del aeródromo para que se unan a las movilizaciones que tienen previsto extenderse a otros 15 aeropuertos en diferentes fechas, en lo que consideran la "única forma de que el debate llegue a la ciudadanía". Los sindicatos mayoritarios como CC.OO. o UGT no tienen intención de secundar los paros de los próximos días en Barajas.

El delegado sindical de CGT-Aena Barajas, Alonso Muñoz, ha avanzado movilizaciones similares en más de 15 aeropuertos de la red en distintas fechas, como el de Pamplona, el de Málaga-Costa del Sol, Ibiza y San Sebastián, entre otros. En el caso de los aeropuertos de Tenerife Norte y Tenerife Sur los comités sindicales ya han confirmado una huelga desde el 27 año 30 de agosto.

El sindicato ha asegurado que intentará cooordinarse con el resto de comités en otros aeropuertos y no descarta que las fechas de paros se amplíen en meses sucesivos. "Esperamos que haya una huelga general a nivel nacional a final de este mes", indicó otro de los delegados sindicales.

La CGT espera que se ofrezcan entre un 100 por ciento y un 110 por ciento de servicios mínimos ya que no confían en llegar a un acuerdo durante la asamblea negociadora y sea el Ministerio de Fomento el que en última instancia fije dichas cifras.

Con estos paros, la delegación del sindicato CGT en Madrid ha mostrado su rechazo una vez más a la entrada de capital privado que pretende llevar a cabo Aena este año al considerar que aumentará las tasas aeroportuarias y por tanto elevará el precio de los billetes de avión. Así, advierten de que la privatización supondrá un aumento exponencial de dichas tasas a pesar del pacto de congelación pactado con las aerolíneas hasta 2018.

En esta línea, el ente critica que la nueva sociedad aeroportuaria se convierta en "un monopolio privado que imponga sus decisiones al Estado" -pese a que este ostentará el 51 por ciento de la compañía- más aún, teniendo en cuenta las más de 6.500 empresas que dependen del sector aéreo. La CGT considera que la entrada de capital privado en Aena afectará a todos los trabajadores de la red al subcontratarse empresas que realicen los servicios, e incluso a la seguridad al reducir los servicios al "mínimo imprescindible". "La Administración no puede hacer negocio, debe garantizar un servicio público. La empresa privada solo garantiza la subcontratación de ese servicio", afirmaron.

Asimismo, el sindicato se ha mostrado totalmente en contra de que se ceda el 'núcleo duro' del ente a capital privado "por una cifra irrisoria". A este respecto, considera ridícula la cifra de venta que se maneja, unos 12.000 millones de euros, al compararla con los 19.000 euros invertidos en los últimos 11 años en los 46 aeropuertos que conforman la red. "No se puede permitir que los mismos que van a comprar fijen el precio, desfasado en un 60 por ciento, y que al día siguiente las acciones valgan el doble", explicaron desde el sindicato.

Con todo, consideran que el proceso se está realizando de manera "oscura", con "prisas", "sin consultar" y en un momento en el que Aena comenzaba a recuperarse y a reducir su deuda.

LA HUELGA DE "BOLIS CAÍDOS" EN BURGOS LIBRA A CASI 2.000 COCHES DE LA GRÚA MUNICIPAL

Burgos

En 2012 se retiraron 5.077 vehículos, mientras que al año pasado fueron 3.176

Curiosa. Muy curiosa, de hecho, la ficha correspondiente al área de Seguridad y Tráfico de la cuenta general del Ayuntamiento de Burgos aprobada en Pleno a finales de julio. Tanto, tanto, que a ratos se antoja inexplicable. O al menos con los datos que figuran en el documento específico de la memoria de rendimiento de los servicios municipales.

El documento recoge que el coste de mantener el operativo de Seguridad (Policía Local) y Tráfico durante el pasado año fue de 14.156.807 euros, apenas 45.000 euros más que en el año anterior, cuando fueron 14.111.041. Queda claro, por tanto, que la inversión en mantener la plantilla de la guardia municipal apenas ha sufrido modificaciones, aspecto que es relevante por cuanto que hay abierto un conflicto entre el sindicato mayoritario y el área de Personal que sigue supurando por la falta de acuerdo en la aplicación del calendario laboral de los dos últimos años.

Por contra, en el capítulo de ingresos sí ha habido diferencias muy notables. Tan notables como de un millón de euros a favor del Ayuntamiento. Así, mientras que en 2012 se metieron a la saca municipal 5.210.597 euros por las multas, la grúa y la ORA, el año pasado fueron 6.264.337 euros, mejorando el rendimiento económico en un 20%.

El problema reside en saber a qué se debe este incremento. En la memoria de 2013, al contrario de lo que había sucedido desde que se implantó el sistema ORA en las calles de la ciudad, no se ha reflejado cuáles han sido los ingresos por este concepto. En 2012 sumaron 1.806.068 euros, pero de 2013 no se dice ni una sola palabra. Por tanto, no se puede establecer esa comparativa.

Otro escenario

Tampoco los datos de la grúa aclaran gran cosa. Incluso son paradójicos, pero son los oficiales y dicen que en 2013 se obtuvieron ingresos por valor de 185.338 euros por la retirada de 3.176 vehículos, mientras que en 2012, cuando se retiraron 5.077, los ingresos fueron menores, concretamente de 163.018 euros.

Tampoco cabría achacarlo a un incremento de las tasas, puesto que lo hubo, pero fue testimonial. Sí tendría explicación atendiendo al tipo de infracción y, por tanto, de la sanción que conlleve. Esto es: se retirarían menos coches pero por causas más graves, siempre según esos datos.

Esa explicación también encajaría con la política «didáctica» que mantiene una mayoría de la plantilla policial debido a las desavenencias con el Ejecutivo local. Se trata, en definitiva, de denunciar aquellas infracciones más graves pero resolver con una reprimenda los casos que no lo sean. El ciudadano esquiva así la sanción, generando al tiempo una merma de los ingresos municipales que, no ocultan, provoca que el ahorro en las nóminas de los agentes termine saliendo caro. Fe de ello da que los vehículos retirados han bajado más de un 35% (1.901 menos en 2013 que en 2012).

Sin embargo, la posibilidad más obvia (y así lo reconoció en su momento el propio Ejecutivo cuando señaló que «el trabajo que no hagan los agentes lo harán las máquinas») es que la proliferación de radares, semáforos espía y ‘paseos’ del multacar haya servido para paliar con creces la «actitud didáctica» de los agentes que mantienen el pulso a los concejales De Foronda (Seguridad) y Blasco (Personal).

La otra es que el rendimiento de la ORA se haya disparado entre los ejercicios 2012 y 2013. Sí es cierto que en ese periodo se implantaron una serie de mejoras tanto en la denuncia como en el sistema de cobro que podría haber elevado la recaudación, pero la memoria calla al respecto.

LAS TRABAJADORAS DE AYUDA A DOMICILIO DE CUEVAS DEL CAMPO EN HUELGA

Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Cuevas del Campo están realizando una huelga parcial y por medio de un comunicado informan que el  pasado día 1 de agosto se celebró mediante el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA) un acto de conciliación entre las trabajadoras, la empresa, el Ayuntamiento y representantes de la Junta de Andalucía para llegar a un acuerdo a fin de desconvocar la huelga. El resultado de esta reunión fue “sin avenencia”, por lo que se están celebrando parones diarios de entre 30 y 40 minutos, con el consiguiente perjuicio para los usuarios.

Las Auxiliares destacan que no es “un problema nuevo”, ya que llevan dos años sufriendo retrasos en sus nóminas, principalmente por los impagos de la Junta de Andalucía, lo que sumado al fallecimiento de otros usuarios y la paralización en la resolución de nuevos expedientes, está mermando sustancialmente el número de horas de cada trabajadora, pasando de 25 a 13 auxiliares en la actualidad.

A día de hoy, la Junta de Andalucía sólo ha transferido las cantidades correspondientes a la resolución de enero y febrero, con lo que adeuda los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, un total de 5 nóminas.

Por su parte, la Diputación aportó a principios de año la parte correspondiente al primer semestre, y en el mes de julio, una entrega a cuenta del segundo semestre. A esta cantidad hay que agregar los adelantos de la empresa y el Ayuntamiento, que son todos los ingresos que están teniendo las trabajadoras.

Los afectados finales son los usuarios, ya que con la huelga dejarán de ser atendidos durante los parones diarios, pudiendo llegar a una huelga total e indefinida si no se solventa el problema.

LOS TRABAJADORES DEL 1-1-2 Y DEL SERVICIO DE URGENCIA CANARIODESCONVOCAN LA HUELGA

Los trabajadores de GSC, empresa pública del Gobierno de Canarias que gestiona el Centro Coordinador de Emergencias (1-1-2) y el Servicio de Urgencia Canario (SUC), han decidido en asamblea desconvocar la huelga que venían realizando desde el pasado 25 de julio, tras alcanzar un acuerdo con la empresa.

A través de un comunicado, el comité de huelga ha considerado que se cumplen los requisitos mínimos para la desconvocatoria, ya que la empresa "se ha comprometido a llevar a cabo la negociación del plan de viabilidad, a no despedir a ningún trabajador y a no hacer más recortes". Asimismo, ambas partes se comprometen a la apertura de un proceso negociador para el convenio colectivo.

El sindicato CCOO ha querido recordar que el comité de empresa de GSC presentó un preaviso de huelga por la situación "insostenible" generada por "los recortes, despido selectivo de personal, impagos de complementos salariales, incumplimiento de convenios colectivo de empresa, mala gestión de dinero público e incluso acoso y represalias por parte de directores y responsables a los trabajadores que protestan por esta situación".

Según el sindicato, "en los últimos años se han despedido más de 40 personas, además de recortes en condiciones de trabajo, lo cual supone un incumplimiento del convenio colectivo".

EL COMITÉ DE SNIACE, A LA ESPERA DE QUE LA EMPRESA FIJE LA PRÓXIMA REUNIÓN Y DE RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN PARA EL RECURSO

Santander (Europa Press)

El comité de empresa de Sniace se mantiene "a la expectativa" de que la compañía fije una fecha para la próxima reunión sobre la negociación del futuro de la plantilla y también de recibir de los juzgados la documentación para recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que avala el Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

En declaraciones a Europa Press el secretario del comité de empresa de Sniace, Antonio Pérez Portilla, quien ha señalado que Sniace no les ha dado fecha todavía para la reunión que solicitaron los representantes de los trabajadores con el presidente de la compañía, Blas Mezquita.

"No sabemos nada", ha señalado Pérez Portilla, que ha explicado que le han preguntado en "varias" ocasiones por la fecha del próximo encuentro sin que se les haya trasladado ninguna.

De hecho, el secretario del comité de empresa no sabe si la tardanza se debe a que la empresa pueda estar preparando algún tipo de documentación para la negociación.

A pesar de ello, Pérez Portilla ha señalado que todavía "hay un poco de margen" de tiempo para la negociación ya que aún los representantes de los trabajadores no han recibido la documentación que deben enviar los juzgados tras el anuncio del comité de recurrir la sentencia sobre el ERE

EL NUEVO ERE DE LA BASE DE MORÓN AFECTARÁ A 55 TRABAJADORES

La empresa Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), gestora del mantenimiento de la base militar de utilización conjunta hispano-estadounidense de Morón de la Frontera (Sevilla), en la que trabajan muchos alcalareños, ha anunciado un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo para 55 trabajadores españoles, según informa el periódico ABC.

La sociedad gestora de los servicios civiles de la base de Morón, a través de un notario, ha comunicado que en un plazo de siete días comenzará el periodo de consultas de un nuevo «despido colectivo».

En los últimos tres años, esta empresa estadounidense ha promovido dos expedientes de regulación de empleo, que se han saldado con 200 despidos de la plantilla española en dichas instalaciones.

Mientras, el Tribunal Supremo (TS) tiene aún pendiente de resolver el recurso promovido contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara «no ajustado a derecho» el expediente de regulación de empleo consumado por VBR en 2013 con un total de 66 despidos, sentencia que sin embargo no anula tales despidos.

EL GRUPO CANTOBLANCO DEJARÁ LA CAFETERÍA DE LA ASAMBLEA Y PAGARÁ LAS NÓMINAS ATRASADAS A LOS EMPLEADOS

Madrid (Europa Press)

El Grupo Cantoblanco ha comunicado a los trabajadores de la cafetería y el restaurante de la Asamblea de Madrid que el jueves dejará la concesión y que, en consecuencia, el viernes cerrará la concesión.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de los trabajadores de la cafetería para añadir que, por otro lado, la empresa se ha comprometido a abonar el viernes o el lunes las nóminas de junio y julio, que aún estaban pendientes de abonar a los empleados.

Así, el jueves se personará en la cafetería un responsable de Recursos Humanos de Cantoblanco Restauración para entregar las cartas de extinción de contrato. En este sentido, se abonarán los siete días de agosto y la liquidación del contrato a partir de septiembre, compromiso que ha adquirido con los trabajadores el accionista mayoritario del grupo, Arturo Fernández, unido al inmediato abono de las nóminas pendientes.

Las mismas fuentes detallan que se ha trasladado que las condiciones de explotación de la cafetería, junto a la situación del grupo, hacen "inviable" mantener la concesión y el pago de las nóminas.

"El viernes vamos al paro", ha remarcado uno de los trabajadores para recalcar que, no obstante, esperan que la Asamblea saque un nuevo concurso para otorgar una nueva concesión a otra empresa, puesto que se incluiría la subrogación de la plantilla (16 trabajadores).

En este sentido, desde el grupo recalcan que en la Asamblea se están poniendo "todos los medios" para lanzar un nuevo concurso en septiembre.

Fuentes parlamentarias indicaron que el grupo remitió un escrito hace unos meses solicitando la ampliación de la concesión, que vencía el 7 de agosto, y la Asamblea aceptó la propuesta, dado que los pliegos estaba contemplada la opción de la prórroga por un año más. No obstante, se recibió un burofax de la empresa detallando su intención de dejar la concesión.

Por otro lado, los trabajadores de la cafetería y el restaurante de la Asamblea de Madrid, que gestiona el Grupo Cantoblanco, registraron a mediados de julio en la Cámara una papeleta de conciliación individual previa a la vía judicial laboral, donde solicitan el abono del salario del mes de junio así como los que se encuentren pendientes a la resolución de esta demanda.

CC.OO. denuncia el cierre de otras dos cafeterías

Mientras, la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de CC.OO. de Madrid ha denunciado que el Grupo Cantoblanco ha procedido al cierre de los centros de trabajo de Orange y Escuela de Organización Industrial (EOI) por "impagos contraídos con sus clientes".

Los cierres afectan, según explica el sindicato en un comunicado, a más de 25 empleados a los que se adeuda, además, tres nóminas junto a otros atrasos.

SIN DESPIDOS Y CON MEJORAS SALARIALES, CLAVES DEL FIN DE LA HUELGA DE BASURAS EN LUGO

Lugo

Se retiran varias sanciones, se establece una cuarta paga, adiós a las demandas judiciales y se mejora la cobertura de vacaciones y bajas

Los trabajadores celebran el fin de la huelga de recogida de basuras en Lugo tras dos meses

Tras dos meses de basura acumulada en las calles y catorce reuniones, la huelga de recogida en Lugo ha terminado. Estas son las claves de la negociación que han permitido alcanzar un acuerdo entre la empresa Urbaser y los trabajadores.

Convenio colectivo de cuatro años

Se firmará un convenio colectivo con cuatro años de vigencia, dos más de lo que habían reclamado los trabajadores inicialmente. En él se renovarán sus derechos sociales y laborales.

Once despidos anulados

La concesionaria ha accedido a anular los despidos de los once miembros del comité de huelga, a quienes se acusaba de incumplir gravemente los servicios mínimos, y también a la retirada de los 78 expedientes de suspensión de empleo y sueldo por 60 días que se habían incoado por idéntico motivo. No obstante, los primeros sí asumirán una sanción de 50 días, que contarán desde la jornada en que comenzó la huelga, el 9 de junio

Mejora salarial y una cuarta paga

Se aprueba una subida anual de sueldo del 60% del IPC del año en curso, además del pago de una nueva paga anual que será de 100 euros este año, de 150 en 2015, de 200 euros en 2016 y de 450 en 2017. Se consolida como la cuarta extra anual.

Cobertura de vacaciones y bajas

El acuerdo también atiende, según informa Efe, la reivindicación social de que la cobertura de vacantes de puestos de trabajo a tiempo completo se haga con los trabajadores que actualmente están a tiempo parcial durante el fin de semana. A su vez, este turno será cubierto de forma rotatoria por todos los trabajadores según el plan que se pacte. Además, la cobertura de sustituciones temporales por bajas de trabajadores a tiempo completo también se hará con empleados a tiempo parcial.

Demandas judiciales retiradas

Las partes acuerdan retirar las demandas judiciales interpuestas mutuamente: la empresa contra los trabajadores por huelga ilegal y estos contra Urbaser por vulneración del derecho de huelga.

Comisión de seguimiento

Se ha decidido crear una comisión de seguimiento integrada por la empresa, los sindicatos y el ayuntamiento de Lugo para verificar la aplicación del acuerdo y que este no interfiera en la prestación del servicio de limpieza.

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Modificado por última vez en Viernes, 08 Agosto 2014 23:13

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