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12 Ago 2014

Boletín de Luchas Obreras (12 de Agosto de 2014) Destacado

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Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

>PUCHERAZO EN ATENTO. LA TRAMPA DEL REFERÉNDUM CONSUMA LA ESTAFA

>CARTA DE LA FSM A PSA-PEUGEOT CITRÖEN

>TRABAJADORES DEL TRANSPORTE SANITARIO RETOMAN LAS PROTESTAS CONTRA BAZTAN BIDASOA

>UNOS 250 AUXILIARES EN AEROPUERTO Y PORTO PI CONVOCAN HUELGA DESDE 26 AGOSTO

>BARAJAS SE PREPARA PARA LA HUELGA

>PSOE, IU-ICV Y BNG EXIGEN ABOLIR EL ARTÍCULO QUE PERMITE CÁRCEL PARA MANIFESTANTES

>LA PLANTILLA DE LA BASE AÉREA DE MORÓN CRITICA LAS CAUSAS DEL ERE Y ALERTA DE OTRO DE 80 PERSONAS ANTES DE 2015

>TRABAJADORES DE HORMIGONES TABOADELA RECLAMAN DOCUMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN LA NEGOCIACIÓN DEL ERE

>LA PLANTILLA DE MERCASEVILLA ACUSA AL AYUNTAMIENTO DE "TERGIVERSAR" LOS ACUERDOS

>CATELSA, INDUYCO Y ATENTO PIERDEN CASI 1.200 EMPLEOS DURANTE LA CRISIS

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PUCHERAZO EN ATENTO. LA TRAMPA DEL REFERÉNDUM CONSUMA LA ESTAFA

CGT Prensa Barcelona

Se impide el control del proceso de votación a los sindicatos CGT, USO, STC, a pesar de ser mayoría en muchos centros de trabajo.

Los 9.000 trabajadores/as de Atento no han podido decidir libremente si daban o no su aprobación al ERE firmado por la empresa, CCOO y UGT. Han obligado a decidir sólo a una parte de la plantilla, los que estaban afectados/as por el ERE con nombres y apellidos publicitados previamente, y la pregunta que se les ha planteado es un trágala o aceptas el acuerdo o se te despide con lo que marca la legislación vigente y la reforma laboral; sin ninguna alternativa de lucha para mantener el empleo.

Tampoco han podido votar los 3.690 trabajadores de las dos campañas afectadas por el ERE, solo los que van a ser despedidos. 

Se ha hurtado el derecho a decidir en libertad. En el momento en que la pregunta se plantea con los nombres y apellidos de los despedidos sobre la mesa, se usurpa el derecho de libre decisión sin presiones, a la plantilla se le ha estado sometido a un estrés desmesurado ante la pérdida de los puestos de trabajo sin sentido.

Es incomprensible que haya despidos cuando están aumentando las cargas de trabajo en la actualidad y recuperando trabajo que se realizaba en Sudamérica realizándose nuevas contrataciones.

Tampoco se ha permitido la presencia en la sala de votación de los sindicatos que han mostrado su rechazo al ERE, se ha puesto dificultades a los delegados del Comité de Empresa de los sindicatos CGT, USO y STC para trasmitir a la plantilla los argumentos contrarios al ERE, sin embargo se han facilitado la entrada en centros de trabajo a personas externas a la empresa pertenecientes a los aparatos sindicales de CCOO y UGT, cuando en Atento, se ha tenido que denunciar en reiteradas ocasiones por vetar el acceso a los distintos centros de trabajo de los representantes sindicales de la CGT, siendo condenada Atento a una multa de 6000 euros por vulneración de la libertad sindical.

En resumen se ha formado un tándem entre la empresa, CCOO y UGT para conseguir un resultado, en una chapuza de referéndum que ha adolecido de las mínimas garantías para que el mismo fuera la expresión libre de todo/as los trabajadores/as.

La CGT hemos presentado y presentaremos las denuncias correspondientes tanto en Inspección de Trabajo como en los juzgados de lo social y demostraremos todas las irregularidades que se han realizado vulnerando tanto el derecho a decidir como la libertad de ejercer ese derecho sin presiones.

Es totalmente incomprensible el cambio de postura de CCOO y UGT, coincidente con la mantenida por el resto de sindicatos desde el primer día del ERE, haciendo público que las causas alegadas por la empresa eran inexistentes. Ni había ni hay, ninguna causa productiva, organizativa o económica.

CGT intentamos entender un cambio de posición tan brusco de estos dos “sindicatos”, llegamos a pensar, que las dos maquinarias sindicales (CCOO y UGT) tienen tantas necesidades de liberados tras los recortes que han sufrido en las subvenciones de formación, que están buscando de las empresas la constitución de “comisiones de seguimiento” en la que se les otorga afiliados dedicados a “vigilar que se cumpla el acuerdo” pero que verdaderamente enmascara la concesión de liberados sindicales.

No tenemos pruebas de ello pero no encontramos muchas justificaciones a un cambio de los argumentos, cuando casualmente en el acuerdo se les concede seis puestos para la comisión de seguimiento.

¡¡¡LOS PUESTOS DE TRABAJO NO SE VENDEN, LOS PUESTO DE TRABAJO SE DEFIENDEN!!!

CARTA DE LA FSM A PSA-PEUGEOT CITRÖEN

Atenas, a 30 de julio de 2014

Sr Yann Martin

Presidente de PSA Peugeot Citroen de Vigo

La FSM, a la vista del injusto despido "disciplinario" impuesto a nuestros compañeros conocidos popularmente como David y Paco (David Álvarez y Paco Alonso), obreros de PSA-Peugeot Citröen, en su planta de Vigo (Galiza, España) quiere expresar lo siguiente:

Este despido es ilegal. Solo hubo lugar, según sus propias normas (que no son las que defendemos los sindicalistas no colaboracionistas con la patronal y los gobiernos), como máximo a una sanción.

El acto de protesta de nuestros compañeros (omitir una marca de rotulador en las piezas que les obligaron a fabricar sorpresivamente a mayores, sin concederles más tiempo ni más ayuda) fue ejecutado con la mayor responsabilidad,

1-no poniendo jamás en peligro la seguridad de los coches y

2-estando en todos los casos informada la empresa de esta circunstancia.

La Federación Sindical Mundial es conocedora del tipo de trato y el nivel de presión que PSA - Peugeot Citröen ejerce sobre sus trabajadores.

Entendemos que esta actitud de la jerarquía de PSA-Peugeot Citröen en Vigo debe entenderse como un acto de amedrentamiento a los trabajadores. Esto puede dar hoy los frutos que la dirección espera, pero no lo hará eternamente.

De hecho, la actitud de Paco y David así lo demuestra.

De hecho, ya muchos compañeros suyos han comprometido su salud poniéndose en huelga de hambre solidaria.

Conocemos sus tácticas de amedrentamiento sistemático y de manipulación psicológica de la plantilla.

Pero ni la más sofisticada manipulación puede ocultar que su empresa somete a ritmos agotadores e insoportables a nuestros compañeros. Ni que ello, a través del tiempo, empeorará.

La clase obrera es una en el mundo, y en saberlo radica su mejor chance de triunfo.

Readmitan YA a nuestros compañeros.

No escatimaremos esfuerzos, entretanto, en levantar la indignación y la solidaridad de la plantilla de PSA dentro y fuera del estado Español.

Quim Boix                                                                       Valentín Pacho

CP, Consejo Presidencial                                               Secretario General Adjunto

FSM, Federación Sindical Mundial                                 FSM, Federación Sindical Mundial

TRABAJADORES DEL TRANSPORTE SANITARIO RETOMAN LAS PROTESTAS CONTRA BAZTAN BIDASOA

Pamplona

La plantilla critica que, tras cuatro meses de huelga y un convenio recién firmado, la empresa haya aprovechado esa liquidez para prescindir de dos trabajadoras.

"No podemos permitir despidos indiscriminados como estos", lamenta Óscar Pérez Sola, presidente del Comité en Pamplona.

Los comités de Ambulancias Baztan Bidasoa rechazan el despido de dos trabajadoras 

Vuelta a empezar. Tras cuatro meses de huelga y año y medio de negociación, el sector del Transporte Sanitario de Navarra alcanzó un acuerdo a finales de junio. El pacto supuso  la firma de un convenio, por parte de los sindicatos UGT y CCOO, para los próximos seis años, pero esta aparente paz social ha durado poco.

El reciente despido de dos trabajadoras por parte de la empresa Baztan Bidasoa, subcontratada por el Gobierno de Navarra, ha vuelto a movilizar a la plantilla para criticar la actitud de la empresa y advertir a la población de que este tipo de medidas “puede repercutir en la calidad del servicio”.

Así lo ha asegurado el presidente del Comité en Pamplona, Óscar Pérez Sola, que se muestra “indignado” y “perplejo” por esta maniobra de la empresa. Los despidos, como ya anunció UGT a través de una nota, se comunicaron a las dos auxiliares de las ambulancias y ya no tuvieron que acudir a sus puestos en las bases de Alsasua y Espinal.

Varias razones se han esgrimido para tomar esta decisión: primero, en las cartas de despido, se alegó “baja productividad y falta de sintonía con la dirección de la empresa”; y, después, en las reuniones entre la patronal y el Comité, al parecer ya se reconoció que se trataba de dos despidos improcedentes debidos a que sobraba personal entre las auxiliares de las ambulancias de programado. En principio, porque ahora los nuevos vehículos disponen de rampas de acceso.

Estas razones no han convencido a la plantilla, que ha vuelto a las movilizaciones. “No podemos permitir despidos indiscriminados como estos”, explican desde el Comité, que considera que con la firma del convenio ya se había dado un margen a la patronal para obtener cierta liquidez (el convenio asumió demandas de la empresa, pero con la condición de que los dos últimos años los trabajadores pudieran recuperar las condiciones perdidas) y, sin embargo, ese dinero finalmente “ha servido para que despidan. No lo entendemos”.

Baztan Bidasoa es una empresa que agrupa en la actualidad a unos 280 trabajadores y está subcontratada por el Gobierno de Navarra. Es, por tanto, un servicio público (el que acude tras llamar al teléfono 112) gestionado por una empresa privada, en la que en torno al 90% de la plantilla es fija.

Pero, en el caso de las dos trabajadoras despedidas, ambas fueron de las últimas en incorporarse, hace seis años. Además, participaron de forma activa en las movilizaciones durante la huelga, según admiten desde el Comité.

Ante esta situación, miembros de la plantilla se han concentrado frente a la entidad para criticar su actitud. El comité ha anunciado nuevas protestas, a pesar de que en la actualidad estos posibles actos están condicionados por el verano.

No obstante, Pérez ha insistido en que “esto no se quedará aquí”. Este periódico ha intentado, sin éxito, contar con una explicación desde la gerencia de ambulancias Baztan Bidasoa sobre este nuevo conflicto.

UNOS 250 AUXILIARES EN AEROPUERTO Y PORTO PI CONVOCAN HUELGA DESDE 26 AGOSTO

EFE

Los auxiliares de servicios de la empresa Visabren, un total de 256 empleados que trabajan en lugares como el aeropuerto de Son Sant Joan, el centro comercial Porto Pi o el hospital Son Espases entre otros, están llamados a la huelga a partir del 26 de agosto en protesta por sus condiciones laborales.

CCOO de Construcción y Servicios ha informado en un comunicado de esta convocatoria de huelga, que retrasa la fecha prevista para iniciar los paros (el 10 de agosto) porque la empresa alegó ante el Tribunal de Arbitraje de Baleares que había defectos de forma en la misma.

La nueva huelga ha sido convocada entre el 26 de agosto y el 21 de septiembre, con paros en todos los centros de trabajo de Baleares entre las 07.00 y las 09.00 horas (salvo en el centro comercial Porto Pi donde serán de 10.00 a 12.00 horas) y por las tardes de 18.00 a 20.00 horas.

El presidente del comité de empresa de Visabren, Onofre Poll, ha recordado que el motivo de la convocatoria de huelga son las condiciones laborales de estos auxiliares de servicios (que trabajan principalmente dando información y atención a los usuarios) que "solo llegan a fin de mes a base de horas y horas".

El sindicato CCOO ha denunciado que este colectivo es "literalmente explotado por la empresa", mediante "condiciones de trabajo lamentables, desigualdades salariales, jornadas maratonianas, salarios de miseria y vulneración de las prerrogativas del Estatuto de los Trabajadores en materia de realización de horas extraordinarias, libranza mínima semanal y tiempo de descanso entre turno y turno".

El comité de huelga ha manifestado su discrepancia ante los servicios mínimos previstos, de un 75 %, por considerarlos abusivos. CCOO estudia impugnarlos porque considera que ni siquiera serían preceptivos porque "estos trabajadores no desempeñan ningún tipo de actividad esencial para la ciudadanía".

Por otra parte, CCOO de Construcción y Servicios ha informado de que ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra Visabren Grupo Trablisa, tras haber tenido conocimiento de que la empresa ha consultado a los trabajadores acerca de si van a secundar o no la huelga.

El servicio jurídico del sindicato considera estos hechos "una grave intromisión en el libre derecho de huelga de los trabajadores" por la que no descarta emprender acciones penales contra la empresa.

BARAJAS SE PREPARA PARA LA HUELGA

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CONCENTRACIÓN: Convocada por CGT-Aena , entre las 10.00 y las 12.00 horas del martes, las salidas de la Terminal 4 de Barajas serán el escenario de una concentración previa a los paros previstos para los días 15 y 17 de agosto, en protesta por la privatización de la red nacional de aeropuertos.

Todas las movilizaciones fueron acordadas en la el pasado día 6 de agosto durante una reunión celebrada por la asamblea de trabajadores del aeropuerto madrileño. La celebración de las protestas previas a los paros convocados para el viernes 15 y el domingo 17 no debería tener repercusiones en el funcionamiento de los vuelos.

El llamamiento lanzado por el sindicato va también dirigido al personal del aérea de seguridad de Madrid-Barajas del que forman parte médicos, bomberos y personal de atención al pasajero, así como a los ciudadanos y trabajadores que quieran unirse al paro para "defender lo público", ante la venta de "una empresa rentable a precio de saldo para beneficiar a los fondos buitres que han creado la crisis".

PSOE, IU-ICV Y BNG EXIGEN ABOLIR EL ARTÍCULO QUE PERMITE CÁRCEL PARA MANIFESTANTES

Madrid (Europa Press)

El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG han registrado en el Congreso sendas proposiciones no de ley con las que exigen al Gobierno la abolición del artículo del Código Penal que permite aplicar penas de cárcel a quienes participan en huelgas o manifestaciones, de modo que se garantice el "pleno ejercicio" de los derechos reconocidos en la Constitución.

En concreto, las tres formaciones reclaman la derogación del apartado 3 del artículo 315 de la Ley Orgánica de 1995 que modificó el Código Penal, en el que se prevén penas de prisión de entre tres y cuatro años y medio y multas de entre doce y 18 meses para quienes "actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga".

Los socialistas, que quieren que este asunto sea visto en el Pleno de la Cámara Baja, critican que "con la crisis como oportunidad" el PP ha iniciado un "proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades, especialmente de aquéllas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno".

También acusan al Ejecutivo de practicar un "ataque directo a todas las medidas que exterioricen el conflicto", utilizando tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como el Código Penal, y avanzando en un "entramado de leyes que asfixien la capacidad de reacción, protesta o resistencia" en el medio plazo.

Disuadir a los ciudadanos

Como prueba de estas acusaciones, el PSOE apunta al incremento de las sanciones por participar en manifestaciones, particularmente de las condenas a penas de privación de libertad. Todo con el objetivo último de "disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y su libertad sindical".

En este sentido, rechaza que se esté utilizando a la Fiscalía, cuyos escritos de acusación "presentan sospechosas notas en común, como la consideración de todas las actuaciones como preconcertadas, elemento esencial para que sea de aplicación la forma agravada de coacciones prevista" en el Código Penal, a pesar de que "en la mayoría de los casos los hechos no pueden ser entendidos como violentos o coactivos".

Dado que esta forma de actuar no se ajusta ni a la Constitución ni a los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ha firmado España, el PSOE exige al Gobierno tanto la derogación del artículo mencionado como que garantice que el derecho de huelga recogido en la Constitución "no será vaciado de contenido" a través de la "actuación concertada del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ministerio Fiscal".

Asimismo, reclama que se paralicen las reformas penales, administrativas y laborales "orientadas a criminalizar a las organizaciones sindicales y a desarticular la negociación colectiva". También pide que se interese de la Fiscalía General del Estado una actuación "inequívoca" en defensa del ejercicio del derecho de huelga, "evitando la situación actual que evidencia que la Fiscalía mantiene posiciones claramente restrictivas del ejercicio de tal derecho".

Rémora preconstitucional

Por su parte, la Izquierda Plural también pedirá a la Comisión parlamentaria de Justicia que se aborden las reformas legales necesarias para "evitar la represión penal desproporcionada de determinadas acciones relacionadas con la convocatoria, organización y extensión de huelgas, excluyendo las penas de prisión contra quienes organizan o participan en una huelga pacífica". Para la coalición, esto significa abolir el artículo 315.3 del Código Penal.

Pero, además, quiere que se garantice el "pleno ejercicio de derechos constitucionales" como el de huelga "en toda su extensión" y que se "ponga fin a la ofensiva penal contra el derecho de huelga, a la criminalización de los sindicatos y los trabajadores, y a la intervención de los poderes públicos contra la libertad sindical".

Y es que IU-ICV-CHA considera que la forma de actuar del Ministerio Fiscal está "cuestionando" estos derechos, con cerca de 200 causas abiertas contra sindicalistas y trabajadores, que se enfrentan no sólo a procedimientos administrativos, sino incluso a procesos penales, en los que la Fiscalía solicita penas de prisión máximas en lugar de, como sucedía hasta ahora, pedir multas con condena a trabajos sociales.

"Parece apuntarse que el Ministerio Público y, en última instancia, el Gobierno tienen como objetivo limitar el ejercicio del derecho de huelga mediante el amedrentamiento y la represión de la acción de los trabajadores durante las jornadas de huelga" con el fin último de "crear un efecto disuasorio", acusa la coalición, añadiendo que esta forma de actuar es posible gracias a la "rémora preconstitucional" que supone el artículo 315 del Código Penal y señalando que el Congreso "no puede mostrarse impasible".

No se castiga a quien impide la huelga

Finalmente, el Bloque Nacionalista Galego argumenta que los "recortes sociales y laborales" de los últimos años están "abocando a una laminación de derechos y conquistas sociales de los trabajadores", a la par que las protestas "crecientes" están siendo respondidas "de forma contundente" por el Gobierno a través de "duras condenas penales".

Por eso, ve necesario modificar una normativa de "inspiración anterior a la regulación de derechos y libertadas fundamentales" y que sólo busca "reprimir a las personas trabajadoras más activas a la hora de reivindicar derechos laborales", algo "incompatible" con el actual marco de libertades.

Además, critica que el aumento de condenas de este tipo "contrasta con la casi inexistente frecuencia" con la que se sanciona a quienes impiden o dificultan ejercer el derecho sindical o de huelga, delito que habitualmente se sanciona únicamente en el ámbito de la jurisdicción social o a nivel administrativo.

LA PLANTILLA DE LA BASE AÉREA DE MORÓN CRITICA LAS CAUSAS DEL ERE Y ALERTA DE OTRO DE 80 PERSONAS ANTES DE 2015

Sevilla

La empresa plantea otorgar a los despedidos 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades

La plantilla critica las causas del ERE y alerta de otro de 80 personas antes de 2015

La empresa Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), gestora del mantenimiento de la base militar de Morón de la Frontera, ha mantenido su primera reunión con sus trabajadores después del anuncio de presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo para 55 trabajadores de las instalaciones, lo que supondría la eliminación de tres departamentos de pista, que desaparecen del pliego condiciones del nuevo contrato, como son abastecimiento de combustible, carga y descarga y parque móvil.

En este marco, el presidente del comité de empresa, José Armando Rodríguez, ha explicado que en el encuentro se ha tratado el establecimiento de un calendario de consulta, que se ha fijado con una reunión semanal y en distintas sedes, como la Delegación de Empleo o la propia base. Además, los trabajadores han pedido a la compañía que amplíe la información sobre las «supuestas causas productivas que alegan, pero no han sido capaces», algo que asegura que ocurrió en los mismos términos el pasado año cuando alegaron causas organizativas para los despidos.

Asimismo, la plantilla ha solicitado una relación de todos los trabajadores para saber en qué categorías los tienen clasificados desde la empresas, ya que creen que en función de esto estarán los despidos. «Entendemos que a esas causas productivas acogen a sólo 55 porque los 70 u 80 empleados restantes serán acogidos seguramente a otro ERE antes de que termine el año pero bajo otro concepto, el de causas organizativas», lamenta.

De este modo, José Armando Rodríguez deja claro que «ahora mismo la solución es política» e insiste en que la Junta andaluza y el Gobierno han de exigir que haya trabajo y empleo estable por parte de Estados Unidos en la base. Así, recuerda que el trabajo «se va a seguir desarrollando, pero lo asumirán los militares».

«Los militares que vienen a trabajar a Morón, cuando cumplen 20 años de servicio, tienen una pensión de alrededor de 20.000 euros al mes, y con derecho a sanidad, pero Estados Unidos pretende indemnizar a las personas civiles que llevan aquí trabajando incluso más años con 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades, alegando causas productivas», alerta, asegurando que se trata de un «trato desigual».

El conflicto de la base

La empresa gestora de los servicios civiles de estas instalaciones militares ya promovió a finales de 2010 un primer expediente de regulación de empleo «por causas organizativas», para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos entonces a tales servicios.

Durante la negociación, la compañía y el comité de empresa acordaron reducir a 150 el número de despidos, pero la destrucción de puestos de trabajo quedó después rebajada a 119 personas al ser descubierto que 31 de los trabajadores incluidos en el ERE habían causado ya baja en la empresa, extremo que investiga el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.

Ya en 2013, un año en el que Estados Unidos decidió ampliar su presencia militar en la base de Morón de la Frontera con el despliegue de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, la empresa promovió un nuevo ERE. En esta ocasión no medió acuerdo alguno y en septiembre, VBR consumó el despido de otros 66 trabajadores, toda vez que pocos meses después, Estados Unidos ampliaba aún más su presencia militar en Morón para sumar 850 infantes de marina y 17 aeronaves en estas instalaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaraba «no ajustado a derecho» el ERE de 2013 al atisbar incluso aspectos como un «incremento de tareas en determinados departamentos», los 66 trabajadores despidos a través de este procedimiento recurrieron ante el Tribunal Supremo a la búsqueda de la nulidad de los despidos, si bien la plantilla afronta ahora un nuevo conflicto con este tercer expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por VBR.

TRABAJADORES DE HORMIGONES TABOADELA RECLAMAN DOCUMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN LA NEGOCIACIÓN DEL ERE

Los representantes de los 46 afectados critican "fraude" por negociarse la extinción del 80% de los empleos con las sedes ya desmanteladas

Los trabajadores de Hormigones Taboadela han reclamado documentación sobre la contabilidad de la empresa, con varias plantas en Galicia, durante la tercera mesa de negociación del expediente de regulación de empleo para la extinción de 47 de los puestos de trabajo, el 80 por ciento de los que tiene la empresa.

Según explicó a Europa Press Xaquín Agulló, uno de los representantes escogido por los trabajadores para el proceso de negociación, la empresa "no tiene voluntad ninguna" de negociar ni acercar posturas. "Esto es un fraude para los trabajadores, porque se produce el ERE después de una serie de despidos tácitos, debidos a la falta de trabajo efectivo, y después de desmantelar las plantas de toda Galicia, tal como descubrimos a la vuelta de los descansos", ha criticado.

La empresa, según fuentes de los trabajadores, cuenta con dos plantas en la provincia de A Coruña, con 12 trabajadores; otras dos en Pontevedra con otros 16 y dos en Ourense -Xinzo de Limia y la central en Taboadela- con el resto.

El día 1 de julio, a la vuelta de las "vacaciones obligadas", los trabajadores se encontraron con sus lugares de trabajo cerrados y desmantelados, y con el proceso concursal en marcha, según explicaron a Europa Press.

El día 1 de agosto se constituyó la mesa de negociación con cuatro representantes de los trabajadores y de los sindicatos CIG y CC.OO., uno más independiente, dos asesores, el administrador concursal y el titular de la empresa Jesús Félix Seara Quintás.

Agulló ha reprochado la actuación que hasta ahora mantuvo el administrador concursal, José Javier Velasco, por "no moverse ni un ápice de las pretensiones de la empresa"; y ha recordado que la empresa debe a sus trabajadores dos mensualidades de 2014, dos pagas extraordinarias de 2013 y una más de 2014.

En las reuniones, según los trabajadores, el empresario aseguró que esas deudas correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). "Ese fondo solo cubre cuatro meses de salario; así que nos tememos que acabaremos perdiendo lo que nos corresponde, pero aún estamos pidiendo toda la información que necesitamos sobre la situación económica de la empresa", ha añadido este portavoz.

Todos los participantes en la mesa de negociación del ERE volverán a reunirse el lunes día 18 a las 11,00 horas en la sede de la empresa, en el edificio Torre de Ourense.

LA PLANTILLA DE MERCASEVILLA ACUSA AL AYUNTAMIENTO DE "TERGIVERSAR" LOS ACUERDOS

Los trabajadores de Mercasevilla aceptan un convenio "más flexible"

Los trabajadores de Mercasevilla han criticado al delegado de Economía y Empleo y presidente de Mercasevilla por referirse a un acuerdo suscrito entre la Dirección y este Comité como “la firma de un Convenio Colectivo”.

Desde el Comité de Empresa de Mercasevilla aseguran que “no salimos de nuestro asombro al conocer por los medios de comunicación el comunicado de prensa realizado por el Concejal de Economía y Presidente de Mercasevilla, Gregorio Serrano, sobre el acuerdo suscrito por la Dirección y este Comité de Empresa, al valorar el mismo como ‘la firma del Convenio Colectivo’”.

Según el Comité de Empresa, “el Convenio de Mercasevilla fue objeto de Laudo Arbitral ante la falta de entendimiento en las negociaciones. El Laudo fue dictado el día 14 de febrero por el árbitro que se designó entre las partes, que correspondió a la figura de José Manuel Gómez Muñoz, Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla”.

Además, según el Comité de Empresa, “el laudo tiene efectos de retroactividad desde el 1 de enero de 2014 y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015. El mismo mantiene en  vigor todos los artículos del convenio colectivo, salvo los que están pendientes de pronunciamiento por parte de los tribunales. Artículos relacionados con la Ley 3/2012 de 6 de julio, que incluía recortes en los derechos laborales de los trabajadores del sector público, que contiene materias de empleo, jornada laboral, régimen económico y derechos sindicales. El resto del Convenio Colectivo permanece inalterable”.

Asimismo, el Comité de Empresa asegura que “el mencionado laudo emplaza a la Comisión Negociadora del Convenio a que en el plazo de un mes se abordara la negociación del sistema de clasificación profesional, a fin de adaptarlo al artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, que suprime las categorías profesionales y que la clasificación profesional se realice sobre grupos profesionales, y además se adecúe a la estructura actual de Mercasevilla”.

Afirman también desde el Comité de Empresa que “el acuerdo firmado se ha ceñido exclusivamente a dar cumplimiento al a los plazos de la negociación del sistema de clasificación profesional. En este sentido en el acuerdo firmado se establecen cuatro grupos profesionales, con su salarios correspondientes, así como las funciones y titulaciones necesarias para la pertenencia al mismo”

Por todo ello  “es por lo que este Comité de Empresa se ha sorprendido por las afirmaciones de Gregorio Serrano, pues no hemos firmado el Convenio, porque ya lo teníamos desde que se dictó el Laudo”. “Únicamente se ha procedido a un cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores en relación a la  clasificación profesional;  se procederá a su revisión, si la estructura cambia en un futuro, a tenor de los procedimientos judiciales interpuestos por este Comité de Empresa”, aseguran.

“Parece que el Ayuntamiento pretende dar una imagen de normalidad en Mercasevilla, cuando en realidad aún existen pendientes conflictos judiciales, a los que los trabajadores no vamos a renunciar, como el recurso del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2013, la impugnación de la aplicaciones de la Ley 3/2012, la revisión salarial de 2011, la situación de los prejubilados de 2007, las condiciones de los trabajadores subcontratados de limpieza y mantenimiento o varias tutelas de derechos fundamentales”.

Tras el verano volverán las movilizaciones de los diferentes colectivos a los que el Ayuntamiento "ha maltratado en Mercasevilla", han asegurado desde el comité de empresa.

CATELSA, INDUYCO Y ATENTO PIERDEN CASI 1.200 EMPLEOS DURANTE LA CRISIS

Situación en las 3 empresas de la ciudad con mayor número de puestos de trabajo. Suman 830 empleos

La tercera acaba de sufrir un ERE que afecta a 21 empleados, seis de ellos forzosos. Las otras dos han recortado sus plantillas alegando falta de producción

Induyco, Catelsa y Atento suman entre las tres más de 830 trabajadores. Son las tres empresas más grandes de la ciudad con 170 aproximadamente, 250 y 415, respectivamente; pero ninguna ha sido inmune a los años de crisis, ya que han reducido su plantilla, recortado salarios y ampliado jornada laboral en los últimos años. Durante la crisis han perdido entre las tres cerca de 1.200 empleos.

La más reciente es Atento que acaba de sufrir un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha afectado en Cáceres a 21 personas, seis de ellas forzosas (en principio eran once), y el resto por bajas voluntarias. La regulación de plantilla se ha llevado a cabo a nivel nacional, lo que dejado en el paro a 672 personas (403 forzosos y el resto voluntarios) de los centros de Barcelona, Madrid, Vizcaya, Córdoba, Sevilla, Coruña, León, Toledo y Valencia.

La negociación del expediente ha durado más de un mes y con ella los representantes de los trabajadores de todos los centros lograron finalmente reducir en un 18% los despidos y un máximo del 40% de voluntariedades. También se ha reconocido la indemnización equivalente al despido improcedente, es decir, 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades hasta el mes de febrero del año 2012, y 33 días a partir de esa fecha con un máximo de 24 mensualidades.

Averías y ADSL

Atento Teleservicios España, que actualmente en la capital cacereña gestiona los servicios de averías del 1002, las averías de la línea ADSL y el servicio de Movistar de la página web, contaba en 2008 con 1.100 empleados (actualmente tiene 400) ya que realizaba más servicios de los que lleva a cabo en la actualidad.

El 2009 fue el peor año para Catelsa, dedicada a la fabricación de piezas para el sector del automóvil del grupo francés Hutchinson y a su exportación a países como Alemania, Inglaterra, Francia o Brasil. Ese año se enfrentó a un ERE con el que se prescindió de 72 trabajadores.

La mayoría de ellos fueron empleados con más de 50 años que prestaban sus servicios mediante el contrato con empresas de empleo temporal; en realidad lo que se hizo, según explica una de las componentes del comité de empresa, Yolanda Ventura, fue prescindir de los servicios de esas empresas temporales.

"El expediente duró tres meses pero logramos cerrar un expediente con buenas condiciones para nuestros compañeros", recuerda Ventura.

El segundo mazazo para Catelsa llegó hace casi un año, en septiembre del 2013. En aquel momento la regulación de plantilla no fue mediante un ERE, sino a través de despidos objetivos, que afectaron a 10 personas alegando la empresa falta de productividad. Actualmente la compañía, la segunda más grande, cuenta con 250 empleados, el 85% de ellos tienen contrato fijo.

Nuevo convenio

Además, también en 2013, los trabajadores firmaron un nuevo convenio con el que lograron aumentar el salario un 0,5% y congelarlo hasta 2015 para garantizar todos los empleos hasta esa fecha. Aumentaron también la jornada laboral en 36 horas más al año (actualmente trabajan 1.680 horas anualmente). Catelsa llegó a contar con cerca de 400 empleados.

Por último la fábrica textil Induyco ha sido la más afectada por los recortes. Llegó a ser la empresa más numerosa de la ciudad con más de 900 empleos (fijos y eventuales). En 2007 contaba con 435, pero actualmente solo suma 170 (el número es aproximado ya que corresponde al mes de junio del 2013). La última regulación se llevó a cabo hace un año cuando la compañía tomó la decisión de recortar 60 empleos para hacer viable la planta textil cacereña. Este ajuste no ha sido el único sino que se han llevado a cabo desde el 2008.

Voluntarios

Los despidos fueron acuerdos voluntarios e individuales entre los operarios y la propia empresa, pero la compañía anunció que nunca se ha planteado el cierre de la planta.

Otra gran empresa que ha corrido peor suerte con la crisis ha sido Waechtersbach, que tuvo que poner fin a su fabricación de cerámica en el año 2007, también por falta de producción.

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Modificado por última vez en Martes, 12 Agosto 2014 23:44

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