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27 Sep 2014

Boletín de Luchas Obreras (27 de Septiembre de 2014) Destacado

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Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

>COSPEDAL ADJUDICA NUEVOS CONTRATOS A UNA EMPRESA A SABIENDAS DE QUE NO PAGA A SUS EMPLEADOS

>DESESTIMADA LA DEMANDA DE CGT Y AST CONTRA LOS ACUERDOS DE DISPONIBILIDADES, DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y DE MOVILIDAD FUNCIONAL EN TELEFÓNICA DE ESPAÑA

>SE ABRE LA PUERTA DE LA PRECARIEDAD PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE RENFE

>LA PLANTILLA DE ENCE SIGUE CON LAS PROTESTAS CON UNA MARCHA DESDE LA FÁBRICA A LA CAPITAL

>HUELGA, PAROS Y MOVILIZACIONES EN BIZKAIBUS

>LA PLANTILLA DE ENMACOSA INICIARÁ UNA HUELGA INDEFINIDA HASTA QUE LES PAGUEN

>TERCER ENCIERRO Y JORNADA DE HUELGA DE BRIF

>LA ESCANDALOSA COMPLICIDAD DE FELIP PUIG CON LA PATRONAL DE PANRICO EXIGE UNA RESPUESTA

>LAS DIRECCIONES REGIONAL Y COMARCAL DE UGT AVALAN A SU SECCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

>LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN SE COMPROMETE A MEDIAR EN EL ERE DE RMD EN INTERÉS DEL EMPLEO

>LA GESTORA DE LOS RESTAURANTES MAKRO PLANTEA UN ERE PARA 150 EMPLEADOS Y EL CIERRE DE 17 LOCALES

>TRABAJADORES DE OCINE REÚNEN 7.000 FIRMAS CONTRA EL CIERRE

>MÁS DE 41.000 TRABAJADORES PASARON POR UN ERE EN LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

>LOS TRABAJADORES DE COCA-COLA CALIFICAN DE «TRAIDOR Y CORRUPTO» AL SINDICALISTA VILLAR

>APOYO JUDICIAL AL ERE QUE OBLIGÓ A CERRAR EL PARADOR DE PUERTO LUMBRERAS

>EL CONTRATO DE LA BASURA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID AMENAZA AL PP CON UNA HUELGA ANTES DE LAS ELECCIONES

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COSPEDAL ADJUDICA NUEVOS CONTRATOS A UNA EMPRESA A SABIENDAS DE QUE NO PAGA A SUS EMPLEADOS

CC.OO. denuncia los tratos de favor de la presidenta de Castilla-La Mancha hacia una compañía que “retiene por hábito y durante semanas las nóminas de su plantilla”.

La polémica vuelve a rodear al Gobierno de María Dolores de Cospedal. Según ha denunciado CC.OO., la presidenta manchega sigue favoreciendo a la empresa Limpiezas Raspeig a sabiendas de que no paga a sus empleados. Concretamente, acusan al Ejecutivo regional de adjudicar nuevas contratas a una compañía que, dice el sindicato, “retiene por hábito y durante semanas las nóminas de su plantilla”.

En una nota la organización sindical carga duramente contra Cospedal por “privilegiar” a la mencionada empresa adjudicándole un nuevo contrato y renovándole otro durante dos años. Todo ello “pese a saber que lleva varios meses quedándose con las nóminas de sus trabajadores y retrasando el pago de los salarios incluso pese a los requerimientos de la Inspección de Trabajo”.

“El Gobierno manchego sabe que Raspeig incumple sistemáticamente sus obligaciones patronales, que las trabajadores se las ven canutas para sobrevivir mientras la empresa retrasa ilegalmente el pago de las nóminas durante semanas y semanas”, ha señalado Remedios Toboso, secretaria general de la federación de Construcción y Servicios de CC.OO. CLM. Es más, dice que los más de 260 empleados de la compañía (la mayoría mujeres) cobraron su salario de julio “a finales de agosto, tras el apercibimiento de sanción de la Inspección de Trabajo”.

CC.OO. explica que la empresa cuenta con decenas de adjudicaciones a lo largo y ancho de toda la comunidad, encargándose de la limpieza de residencias de mayores, bibliotecas públicas, institutos, centros de mayores, o delegaciones de Educación, Agricultura, o Economía y Empleo, así como de la Consejería de Sanidad.

Aunque no son las únicas, ya que el sindicato explica que también tiene adjudicada la limpieza de numerosas instalaciones del Gobierno central en Castilla-La Mancha, sobre todo correspondientes al Ministerio de Defensa. Es decir, que “Raspeig cobra de los Gobiernos de Rajoy y de Cospedal por la limpieza de decenas de sedes oficiales en la región, pero no paga en tiempo y forma a las más de 260 personas que se ocupan de limpiarlas”, alegando supuestos “problemas de tesorería”.

Es por ello que CC.OO. ha decidido denunciar esta situación y convocar una protesta en Albacete para exigir el pago de las nóminas y que Raspeig “cumpla con sus obligaciones, de la misma manera que las trabajadoras cumplen con las suyas”.

Asimismo, reclamarán al Gobierno de Cospedal y al Ministerio de Defensa que dirige Pedro Morenés que “obliguen a esta empresa a asumir sus responsabilidades patronales, y que, de no hacerlo, rescindan los contratos” en vez de “facilitarle más negocios pagados con dinero público e incrementados mediante los impagos a la plantilla”.

DESESTIMADA LA DEMANDA DE CGT Y AST CONTRA LOS ACUERDOS DE DISPONIBILIDADES, DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y DE MOVILIDAD FUNCIONAL EN TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La Audiencia Nacional ha dado la razón a CC.OO. y ha desestimado la demanda interpuesta por CGT y AST

El sindicato CGT interpuso una demanda de Conflicto Colectivo en la que impugnaba varios acuerdos negociados por CC.OO. (Acuerdo de Disponibilidades, de Clasificación Profesional y de Movilidad Funcional), que se acumuló la que interpuso AST que también impugnaba y reclamaba la nulidad del acuerdo de disponibilidades ya mencionado.

El 2-9-2014 se celebró el juicio correspondiente acumulando las dos demandas de CGT y AST y la sentencia de la Audiencia Nacional (A.N.) de fecha 9-9-2014 ha desestimado en su totalidad ambas demandas.

En el caso de CGT se reclamaba la nulidad de los citados acuerdos alegando que se había vulnerado el derecho de libertad sindical y de negociación colectiva, entendiendo que se habían adoptado dichos acuerdos en las comisiones de trabajo donde tienen representación los sindicatos firmantes del Convenio Colectivo de Telefónica de España y que no se habían debatido en el seno del C.I. ni en la Comisión de Negociación Permanente.

En cuanto a AST se adhería a la demanda de CGT y adicionalmente reclamaba la nulidad del acuerdo de disponibilidades alegando que vulneraba la legalidad vigente en materia de horarios, descansos y jornada de trabajo.

El sindicato COBAS se ratificó en lo expuesto por CGT y AST.

Por un lado, la A.N. afirma que no existe vulneración de los derechos de libertad sindical ni de la negociación colectiva ya que los sindicatos demandantes forman parte del C.I., órgano en el que se pactan dichos acuerdos. Dicho criterio así lo avala reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El cauce empleado para llegar a estos acuerdos permitía la intervención de los sindicatos demandantes a través de su presencia en el C.I., en la recepción de la información sobre la actividad llevada a cabo por las comisiones de trabajo, en el debate en el seno del C.I. y, finalmente, en su negociación con la empresa.

Por otro lado, la A.N. sostiene que en ningún caso el acuerdo de disponibilidades vulnera ninguna norma legal en materia de jornada máxima y descanso, señalando:

• El régimen rotativo, siendo el máximo que puede realizar el trabajador/a una semana de cada cuatro.

• En caso de realizar actuaciones superiores a 4 horas se compensarán con un día libre.

• El máximo de horas por actuación anuales será de 80 horas.

Declara que los acuerdos impugnados han sido aprobados por la Comisión de Negociación Permanente, publicados en el BOE y, por tanto, tienen el mismo valor y pasan a formar parte del vigente Convenio Colectivo.

Cabe destacar que la sentencia menciona que dicho acuerdo viene a sustituir el trabajo obligado a turnos de carácter presencial. Por lo que entiende que esta iniciativa favorece la posible conciliación de la vida familiar con el trabajo, al encontrarse el trabajador o trabajadora disponible en casa en vez de presencialmente en el centro de trabajo.

En estos acuerdos aparece, por primera vez, el límite anual de 80 horas y el límite de actuaciones semanal, así como el mantenimiento del día de libranza cuando se superan las 4 horas de actuación y, en caso contrario, el tiempo suficiente para incorporarse al siguiente turno.

SE ABRE LA PUERTA DE LA PRECARIEDAD PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE RENFE

SFF-CGT

El sindicalismo neoliberal exige precariedad.

El 19 de septiembre se produjeron las reuniones de la Dirección de la empresa con el Comité General. En ellas se han tratado importantes asuntos que incumben a las condiciones laborales de los maquinistas y abren la puerta de la precariedad para todos los trabajadores de Renfe.

Por un lado, la Dirección ha manifestado que habiéndose detectado un incremento en las necesidades productivas del Grupo han dado lugar a la contratación de 15 nuevos maquinistas, con contratos precarios y temporales. Todo esto avalado por la ejecutiva del Semaf que se ha empeñado en pagar favores personales con propuestas de precarización para los maquinistas, (¿tendrán que ver esos 15 nuevos contratos?) ampliando los plazos de ascensos automáticos y avalando lo que la Dirección pide: “modificar las condiciones económicas y de acceso a los subgrupos profesionales, así como los períodos de permanencia en los mismos”, …observad bien: “económicas”.

Lo más terrible es que un “sindicato” proponga precariedad, cuando la principal tarea de una organización sindical ha de ser combatirla. La única preocupación de la ejecutiva del Semaf en la reunión fue que apareciera en el acta que las contrataciones precarias son por imperativo legal; se les nota angustiados. Es también resaltable el papel de UGT pidiendo que se utilicen todas las fórmulas de contratación existentes a día de hoy, para crear empleo… esto es lo mismo que pide la CEOE y firman en los Consejos de Ministros de los viernes: precariedad y miseria a cambio de unas décimas de descenso en su balance de cifras del paro. Destacable también el papel de CC.OO. cuyas ejecutivas se preocupan por domar, doblar y domesticar a lo poco que les queda de combativos contra la privatización del ferrocarril y no por oponerse rotundamente a esta entrada de la precarización en Renfe.

Las nuevas necesidades productivas deben ser atendidas con oferta pública de empleo estable, con derechos y con garantías para los trabajadores, y así se lo hemos hecho saber a la Dirección del Grupo, además de pedir desde CGT la ampliación de la movilidad geográfica de Intervención y la puesta en marcha de procesos de movilidad geográfica y funcional para el resto de Colectivos. Pero es obvio que Renfe ya no es Renfe sino Renfe Sociedades Anónimas, las cuales no están al servicio de la sociedad sino al servicio del capital, y pasarán por encima de todos los derechos y estabilidades conseguidas, para alcanzar la rentabilidad económica para el bolsillo de la minoría especuladora, todo eso con el aval de las ejecutivas de los sindicatos pro-liberalización.

Desde CGT tenemos claro que cuando la precariedad entra por la puerta de una empresa, los derechos y la estabilidad laboral saltan por la ventana, y si encima se le invita desde los sindicatos neoliberales a pasar, adivinad quien va a pagar los platos rotos.

Desde CGT te proponemos seguir luchando, que participes, que aportes, porque creemos que el ferrocarril es un servicio público del 99% de la sociedad y ha de estar al servicio de la misma, no de otros oscuros intereses al servicio de una minoría especulativa y porque las pasadas luchas de las ferroviarias y ferroviarios conquistaron derechos y las luchas actuales van a impedir que nos los arrebaten.

LA PLANTILLA DE ENCE SIGUE CON LAS PROTESTAS CON UNA MARCHA DESDE LA FÁBRICA A LA CAPITAL

Huelva (Europa Press)

Concentración de trabajadores de Ence en Huelva.

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El comité de empresa de Ence mantiene su calendario de movilizaciones ante la falta de acuerdo con el grupo pastero, el cual mantiene el anunciado cierre de la planta de celulosa en Huelva. Así, el lunes está prevista una marcha desde la fábrica y hasta la capital, --con salida a las 17,00 horas--, para los trabajadores, camiones y todo aquel que quiera acompañarlos hasta la capital.

El comité estima que la llegada de la marcha será a las 19,00 horas al Palacio de Deportes de Huelva, donde se convoca a la ciudadanía a sumarse a la marcha, que culminará en la Plaza 12 de Octubre, donde se leerá un manifiesto.

Así, el presidente del comité de empresa de Ence Huelva, Juan Manuel Belda, y el secretario del comité de empresa, Javier Pérez, realizarán declaraciones a la llegada de la marcha desde San Juan del Puerto hasta la capital que protagonizan los trabajadores Ence y sus familias, junto a otros colectivos de trabajadores afectados por el anuncio de cierre.

Así, Ence-Energía y Celulosa y los representantes de los trabajadores constituyeron en Sevilla la mesa negociadora para el cese de actividad de la fábrica de celulosa de Huelva, pero los puntos son muy distantes entre ambas partes.

De este modo, mientras el grupo pastero ofrece la recolocación al cien por cien de los trabajadores, desde el comité de empresa rechazan el anunciado cierre y apuestan por "seguir en la lucha" en defensa del empleo y el mantenimiento de la actividad industrial.

La dirección de la empresa entregó a los representantes de los trabajadores "completa documentación" sobre las causas y la necesidad que motivan la decisión de la compañía de cesar la producción de celulosa en Huelva. Asimismo, reiteró la voluntad de llevar a cabo una negociación "exhaustiva y de buena fe" que permita alcanzar "la mejor solución para todas las partes, con el menor impacto posible para el tejido empresarial y social onubense".

En concreto, Ence-Energía y Celulosa ofrece a la totalidad de los trabajadores la oportunidad de seguir trabajando mediante un programa de recolocación en otros centros de trabajo y actividades de la compañía. La empresa garantizará un puesto de trabajo a los trabajadores mayores de 50 años y se analizarán "las mejores soluciones" para los trabajadores con responsabilidades familiares y con personas con discapacidad a su cargo.

Plan de recolocación

La compañía ofrecerá, además, a quien lo solicite un plan de recolocación externo más una indemnización, para lo que contará con el apoyo de "una empresa especializada líder".

Ence-Energía y Celulosa tiene el convencimiento de que el nuevo centro de operaciones consolidará a Huelva como la provincia "líder de Andalucía y en una de las primeras de España en generación de energía renovable con biomasa". Esta transformación garantiza "la continuidad de la actividad industrial de la empresa en Huelva y Andalucía".

Por su parte, en declaraciones a Europa Press el presidente del comité de empresa de Ence, Juan Manuel Belda, lamentó que la empresa siga "en la misma postura" y no dé marcha atrás en su intención de cerrar la planta de celulosa, y por tanto, que "desaparezcan los empleos de las oficinas centrales de Madrid, Huelva y el centro fabril de pasta onubense".

"Mantenemos la defensa del empleo, tanto en fábrica como externo", apostilló Belda, quien remarcó que en la reunión le reiteraron a la empresa que se siente a negociar con las administraciones y el comité para abordar una solución.

No obstante, señaló que desde la dirección les aseguran que "no han recibido" ningún llamamiento a encuentro alguno por parte de las administraciones, pero recordó que desde la parte social solicitaron por escrito a la empresa una reunión entre todas esas partes. Por el momento, la empresa y el comité se han emplazado a una nueva reunión para el jueves día 25.

HUELGA, PAROS Y MOVILIZACIONES EN BIZKAIBUS

Los sindicatos reclaman a la Diputación de Bizkaia el cumplimiento de los acuerdos y el mantenimiento del empleo

Los sindicatos UGT, ELA, CC.OO., USO y LAB han convocado movilizaciones de los trabajadores/as de las líneas de Bizkaibus, ante la falta de voluntad de la Diputación Foral de Bizkaia de cumplir el acuerdo que el año pasado firmó con los sindicatos.

Entre los incumplimientos se encuentra se Diputación se encuentra el no asegurar el mantenimiento de las líneas como la de Artxanda. Los representantes sindicales advierten que la Diputación se comprometió a no amortizar puestos de trabajo y que se mantendrían los existentes al 4 de octubre del 2013 (fecha de la firma del acuerdo).

Pero por lo expuesto por la DFB, "vemos que quiere iniciar el proceso de cambio de concesiones y reorganización del servicio de Bizkaibus con las líneas que sacó en el mes de agosto de 2013, anterior a las movilizaciones y consiguiente acuerdo en el que los representantes institucionales se comprometían a no permitir amortizaciones de los puestos de trabajo.

Ante los incumplimientos del acuerdo que la Diputación presente, los sindicatos han convocado un calendario de movilizaciones para conseguir los siguientes objetivos:

1. Firma por parte de las nuevas empresas concesionarias de las líneas de Bizkaibus del cumplimiento del acuerdo.

2. No amortización de puestos de trabajo. Para ello la Diputación debe destinar inmediatamente los 12 millones de euros a la mejora del servicio, acordarla ya o establecer un plazo máximo para la puesta en marcha de la mejora del servicio y el compromiso de que, mientras no llegue ese momento, se mantiene el mismo número de puestos de trabajo existentes a día de hoy.

3. Subrogación real del personal con su puesto de trabajo y a la concesión correspondiente.

Para que se cumplan los acuerdos, van a realizar las siguientes MOVILIZACIONES:

•El 24 de setiembre y el 1 de octubre. A las 10.00h de la mañana, concentración en Diputación y manifestación hasta Iparraguirre, 21 (dirección de transportes).

•Día 3 de octubre. Paros de dos horas a la mañana, a la tarde y a la noche.

•Huelga los días 6 y 9; 13,15 y 17; 20, 21, 23 y 24 de octubre y, a partir del 27, huelga indefinida.

Los representantes sindicales manifiestan que a la actitud preocupante de la Diputación, se une la sentencia en contra de la Instrucción técnica del Procedimiento de Contratación en Bizkaia, tras el recurso interpuesto por el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo.

Aseguran que por ello y la incertidumbre que genera a los trabajadores/as cómo actuarán las diferentes empresas adjudicatarias de las líneas, exigen que estas acuerden firmando –todas y cada una de ellas– el acuerdo del 4 de octubre del año pasado entre Diputación y sindicatos.

LA PLANTILLA DE ENMACOSA INICIARÁ UNA HUELGA INDEFINIDA HASTA QUE LES PAGUEN

Sanxenxo

Concentración protagonizada por la plantilla ante las instalaciones de la empresa

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Iniciar una huelga indefinida hasta que la empresa entre en concurso de acreedores y les paguen las ocho nóminas que les adeudan. Este es el acuerdo que adoptó la plantilla de Enmacosa reunida en una asamblea general de trabajadores a la que acudieron 63 de los 112 técnicos de que dispone esta firma.

De la asamblea salió también un comité de huelga que a partir de ahora se encargará de hacer seguimiento de la incidencia de la misma.

Y es que según indicaban desde el comité de empresa, la significativa ausencia de trabajadores a la asamblea se debe a que muchos de ellos se encuentran desplazados realizando trabajos en puntos distantes, como Madrid, por ejemplo.

Con todo, confían en que el seguimiento sea masivo aunque matizan que respetarán el derecho y la decisión de cada trabajador a acudir a su puesto de trabajo si así lo decide.

Con esta medida la plantilla pretende bloquear a la empresa y forzarla a hacer el próximo movimiento. Y es que Enmacosa, a pesar de la crisis y de su mala situación económica, mantiene un importante volumen de trabajo que, sin embargo, le resulta insuficiente para mantener a más de un centenar de trabajadores.

Por el momento, la plantilla no tiene diseñada ninguna estrategia de movilización ni convocado ningún otro acto.

Están a la espera de ser recibidos por la alcaldesa. En este sentido, presentaron un escrito solicitando una reunión con la intención de trasladarle a la regidora las razones por las cual, a su entender, han llegado a esta situación. Por el momento no han tenido confirmación de cuándo serán recibidos.

Con esta hoja de ruta la plantilla responde a la propuesta de la empresa de un ERE extintivo que afectaría a unas 40 personas, después de haber superado ya un ERE durante el pasado año en el que la empresa se desprendió también de una treintena de trabajadores.

Desde el sindicato mayoritario en el comité de empresa, UGT, hacen un llamamiento a la Xunta, ya que están convencidos de que un aval del Igape contribuiría a que la empresa dispusiese de liquidez y pudiese hacer frente a las ocho nóminas adeudadas, que no se corresponden con ocho mensualidades ni es una situación que afecte a toda la plantilla por igual.

TERCER ENCIERRO Y JORNADA DE HUELGA DE BRIF

Debido a la negativa de la empresa a facilitar una categoría acorde al trabajo que realizamos, una segunda actividad y al acercamiento dudoso hasta que no se refrende en relación a las condiciones laborales y salariales, el colectivo solicita a través de la representación de los trabajadores una jornada de huelga, acompañada de manifestación para el día 9 de octubre del 2014.

Nosotros, la Atbrif, en calidad de Asociación de Trabajadores de las Brif y con una clara representación del colectivo no solo apoyamos dicha huelga sino que animamos a que todos los trabajadores la secunden.

La Atbrif entiende que esta situación no puede seguir así e invita a la reflexión de la empresa pública Tragsa para que cuanto antes esta situación cambie.

Una vez más el colectivo Brif demuestra que su lucha no desiste y no cesará hasta conseguir sus reivindicaciones.

Además os informamos de que a partir del día 22 de septiembre, a las 21:30 en todas bases BRIF de la península y La Palma, siguiendo con el calendario de movilizaciones establecido, procederemos a encerrarnos en nuestras respectivas bases BRIF durante toda la semana del 22 al 28 de Septiembre, ambos días incluidos.

LA ESCANDALOSA COMPLICIDAD DE FELIP PUIG CON LA PATRONAL DE PANRICO EXIGE UNA RESPUESTA

Sta. Perpètua de la Mogoda

Se sabía, pero ahora se ha materializado. La Generalitat, a través del Institut Català de Finances, ha entregado un préstamo de 8 millones de euros a Panrico y la empresa procede inmediatamente a despedir a 60 trabajadores/as más (ya van 104 este año, más 31 del pasado). ¡Un escándalo! Si la empresa tenía problemas financieros para pagar los despidos, ahora los puede hacer utilizando el dinero público.

La Generalitat había intentado por todos los medios que antes de dar este dinero hubiera una firma de acuerdo entre empresa y trabajadores para salvar la cara, pero los trabajadores/as se negaron a firmar los despidos, a pesar de las presiones también de la dirección de CC.OO.. Sin esa firma el conflicto sigue abierto. Mientras la empresa recibe dinero público para paliar los efectos de la huelga, los trabajadores llevaban los 8 meses de huelga sin cobrar y dos meses más para empezar a cobrar el ERTE en el que está toda la plantilla; los despedidos aun no han cobrado el 100% de las indemnizaciones, y la empresa ya anuncia beneficios para el 2015.

La absoluta complicidad de la Conselleria de Treball con los intereses del fondo buitre Oaktre, que gestiona Panrico, está sobre la mesa:

•Joan Mas, hermano del President Artur Mas, era consejero delegado de Panrico hasta marzo del 2014, y sigue hasta hoy al frente de otra marca del grupo, La Bella Easo. La Generalitat anunció en septiembre ayudas financieras para rescatar a Panrico, tema que motivó denuncias en clave parlamentaria por la relación de privilegio con la empresa.

•A pocos días del anuncio del inicio de la huelga el 13 de octubre, gran despliegue policial con furgones y más de un centenar de Mossos para forzar la carga y salida de 9 trailers con productos de la planta de Sta. Perpètua paralizada por la huelga, con personal ajeno a la factoría, acto de esquirolaje contra el derecho de huelga.

•El 16 de octubre, Inspección de trabajo levanta acta de la entrada de camiones con productos Panrico que se venden en toda Catalunya y resuelve en diciembre que esto vulnera el derecho de huelga por lo que propone que la Conselleria inicie el proceso sancionador. En diciembre se acumulaban más de 50 actas que demostraban que diariamente entraban los camiones para abastecer el mercado catalán. La Conselleria paraliza al extremo la resolución del expediente y no aplica ninguno de los agravantes que son manifiestos, para acabar con una multa de 6.250 euros que aun no consta que se haya hecho efectiva, pero que paraliza los expedientes en curso.

•Los productos Panrico están a la vista en todas las grandes superficies, mercados y bares. Se presenta denuncia a Consum de la Generalitat por falsedad en el etiquetaje, porque en esos productos se dice en el envoltorio que están fabricados en Sta. Perpètua (lo que es falso) y en muchas ocasiones se venden como productos catalanes de proximidad. La Generalitat paraliza el expediente.

Tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el ERE, en junio, la empresa reúne al comité de empresa para anunciar que está dispuesta a reducir el número de despidos si despide a los miembros del comité de empresa y elige el resto ‘a dedo’, es decir, si echa a los trabajadores/as que más se han significado en la lucha.

Hasta Alvarez, secretario general de la UGT de Catalunya (que no convoca la huelga) pide que se contraste lo ocurrido y que actúe la fiscalía por la gravedad extrema del ataque antisindical que supone. Pero Treball no hace absolutamente nada. Como había anunciado la empresa, la lista de los 38 despidos son los compañeros/as más destacados en la lucha. En cambio los trabajadores sí que denunciaron ante fiscalía esta situación de represión sindical, denuncia que se encuentra en situación desconocida después de haber sido transferida de la fiscalía de Barcelona a la de Sabadell.

Para completar la situación, la empresa anuncia un ERTE para seguir castigando a los trabajadores/as, argumentando que la empresa no está en condiciones de producir tras la huelga –cosa absolutamente fuera de la legalidad de los ERTEs-, y a pesar de que ha sido la propia empresa la que voluntariamente redujo los servicios mínimos que debían asegurar el mantenimiento de la capacidad productiva y las vuelta al trabajo una vez desconvocada la huelga. La Generalitat calla.

A lo largo de los 8 meses, en lugar de mediar en el conflicto, la Conselleria de Felip Puig ha actuado como portavoz y refuerzo de Carlos Gila (Consejero Delegado de Panrico y experto liquidador de empresas como Sintel y La Seda), que opera desde Madrid. La Generalitat no sólo ha callado cualquier crítica a la empresa y bloqueado las acciones legales, sino que Felip Puig ha hecho públicas afirmaciones ofensivas e insultantes contra los trabajadores/as, haciendo coro a las que vertió la empresa a los medios de comunicación insinuando que los trabajadores podrían envenenar los donuts, mientras el derecho de huelga era sistemáticamente vulnerado.

El cinismo de la Conselleria era manifiesto en el intento de desarmar a los trabajadores, cuando pedía una y otra vez desjudicializar el conflicto (esto es, que los trabajadores/as retiraran sus denuncias) mientras la Generalitat no hacía nada para cortar los abusos de la empresa. Para completar el cuadro, ahora premia a Panrico con 8 millones de euros.

Sí hay dinero para los fondos buitre.

La Generalitat acaba de anunciar que no tiene dinero para pagar medicamentos a las farmacias, tampoco para pagar las pagas extras de los funcionarios, de este diciembre ni las de los dos años anteriores, hace recortes en la enseñanza y la sanidad pública… pero sí tiene para entregar 8 millones a Panrico, es decir, al fondo de inversión americano Oaktre. Este fondo buitre, presidido por el multimillonario Howard Marks, tiene unos activos valorados en 63.591 millones de euros, de los cuales más de 13.000 están invertidos en empresas con problemas. Este verano ha hecho compras del Centro Comercial Gran Vía de Vigo por 115 millones de euros. Es escandaloso que con las grandes dificultades de financiación pública sí tenga dinero para que el banco público de la Generalitat entregue ese dinero a Oaktre.

El círculo se cierra con la entrega de los 8 millones. Esto debería ser motivo para que desde las direcciones sindicales y el comité de empresa que controla CC.OO., se denunciara esta relación y el daño que ha hecho la Generalitat a los trabajadores/as en huelga, llamando a movilizarse en solidaridad con los despedidos/as y contra la entrega de dinero público para financiar los despidos de los y las trabajadoras.

Firman:

Jacinto García. Trabajador de Panrico.

Agustín Cintas. Trabajador despedido Panrico.

José Alonso. Del comité de apoyo a trabajadores de Panrico.

Josep Lluís del Alcázar. Del comité de apoyo, Lucha Internacionalista.

LAS DIRECCIONES REGIONAL Y COMARCAL DE UGT AVALAN A SU SECCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

"Para firmar las bases de los planes de empleo el gobierno municipal nos tiene a su disposición mañana, tarde o noche; para volver a modificar una cláusula del convenio colectivo prorrogado desde 2011, no". Así se manifestó Iñaki Malda, el secretario comarcal del sindicato UGT en Avilés.

La sección sindical en el Ayuntamiento -mayoritaria- rechazó recientemente la última modificación del convenio propuesta por el gobierno local para que este pueda sacar adelante los planes de empleo.

La enésima modificación del convenio de la que habló Malda es la de la cláusula de retorno de los trabajadores municipales (de haber despido improcedente es el trabajador el que elige si regresa a su puesto). Esta cláusula fue la que motivó durante el pasado mandato una avalancha de denuncias laborales -auspiciadas por el sindicato Usipa- y un subsiguiente expediente de regulación de empleo por extinción de contratos.

"Si hay quien piensa que la UGT no apoya la creación de nuevos puestos de trabajo o es un malintencionado y sólo piensa en las primarias (del PSOE) o no tiene ni idea de cómo funciona esta organización", recalcó Malda. "Nuestra sección sindical hace bien: una cosa son los planes de empleo y otra bien distinta, el convenio. La prórroga continuada ha hecho que algunos empleados del Ayuntamiento hayan dejado de estar amparados por el convenio para pasar al Estatuto Básico del Empleado Público, de rango superior", aseguró.

"Defendemos los planes de empleo, tanto que contribuimos a crearlos, pero Avilés tiene un convenio prorrogado desde 2011 que hay que negociar, pero no sólo en lo que se refiere a la cláusula", aseguró Malda. "Lo que queremos es sentarnos a negociar. Nada más", añadió el responsable sindical. "Los concejales Pedro García y Raúl Marquínez son eso, concejales. Y nos oponemos a la política que están llevando a cabo", concluyó Malda. Los dos concejales son militantes de UGT. "También Zapatero", apostilló. Justo Rodríguez Braga, el secretario regional de UGT, apoyó a Malda y a la sección sindical en el Ayuntamiento en este sentido.

Por otra parte, el gobierno local salió en defensa del concejal de Recursos Humanos, Raúl Marquínez, ante las constantes críticas hacia su labor por parte de la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento. "La gestión de un gobierno no es una decisión personal ni responde a criterios personales: las decisiones trascendentes se toman en seno del grupo y del partido.

Raúl Marquínez está cumpliendo la política municipal que hemos establecido y lo está haciendo bien, con solvencia", afirmó Luis Ramón Fernández Huerga, portavoz del PSOE y secretario general de los socialistas avilesinos.

Huerga afirmó que el objetivo principal del gobierno era convocar los planes de empleo, algo que ha conseguido. El portavoz socialista valoró, además, que el Ayuntamiento, "en un momento difícil" mantuvo personal, incluido el de telecentros: "Otras administraciones no ha podido o no lo han querido mantener", concluyó.

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN SE COMPROMETE A MEDIAR EN EL ERE DE RMD EN INTERÉS DEL EMPLEO

CC.OO. traslada la grave situación en la que quedaría la factoría leonesa si la empresa lleva a cabo los dos ERE de extinción y reducción de jornada

La Federación de Industria de CC.OO. ha mantenido una reunión con la Dirección General de Industria y con la de Trabajo de la Junta de Castilla y León para que estos organismos intervengan en la grave situación de la empresa RMD, cuya fábrica leonesa ha abierto trámites para llevar a cabo un ERE con despidos y otro reduciendo la jornada y suspendiendo contratos.

CC.OO. considera que, bajo las consecuencias de la situación que se presenta en esta fábrica, que asiste al cuarto expediente de regulación de empleo desde 2009 y después de estar incursa en concurso de acreedores, resulta difícil imaginar un escenario optimista. La organización sindical expresó así su preocupación por el empleo, ya que se pretenden destruir más puestos de trabajo y modificar las condiciones de manera sustancial.

Los representantes sindicales Miguel A. Brézmes, Ángel Santos y José Menz trasladaron que con las medidas que la empresa trata de acometer, la factoría entraría en una fase sumamente delicada, a un solo turno y prescindiendo de los mayores rendimientos en la planta del cable, cobre y aluminio, lo que arroja demasiada inseguridad para mantener la actividad y mantener o generar empleo.

CC.OO. Industria de León ya ha manifestado, ante los representantes empresariales en la mesa de negociación abierta, su rechazo a las medidas presentadas por la empresa, consideradas por el sindicato como catastróficas para la plantilla y para la industria leonesa, demasiado tocada en esta crisis.

Por ello han pedido a los representantes de la Junta de que se impliquen con el sindicato en la búsqueda de medidas alternativas, y reconduzcan las intenciones de la empresa hacia una negociación a fondo con el comité de empresa y las organizaciones sindicales, considerando otras decisiones menos traumáticas.

En este sentido, los titulares de la administración autonómica se han comprometido a in interceder a la mayor brevedad en interés del empleo y en amparo la actividad industrial de esta factoría y a mantener informada a la organización sindical.

LA GESTORA DE LOS RESTAURANTES MAKRO PLANTEA UN ERE PARA 150 EMPLEADOS Y EL CIERRE DE 17 LOCALES

Efe - Madrid 

En Euskadi Makro cuenta con restaurantes en Erandio, Oiartzun y Vitoria

Sirta, la gestora de los restaurantes de cadena mayorista Makro, que también pertenece al grupo Metro, ha planteado a sus trabajadores el cierre de 17 de sus 18 restaurantes, 3 de ellos en Euskadi, y un expediente de regulación de empleo para 150 de sus 159 empleados, según fuentes de CC.OO..

Según las mismas fuentes la gestora de los restaurantes de Makro solo mantendría uno de sus restaurantes, el del centro de Alcobendas, que en la actualidad dirige el chef Iñigo Lavado. En Euskadi Makro cuenta con restaurantes en Erandio, Oiartzun y Vitoria.

CC.OO. ha detallado en un comunicado que la representación sindical en la empresa Sirta es casi inexistente a excepción de los centros de Málaga, Bilbao, Valencia, y Asturias.

En este sentido CC.OO. ha apuntado que el grupo Metro se ha "negado en todo momento a tratar el tema con los representantes de los trabajadores en el Comité Europeo tal y como está acordado con ello en caso de cierre de una de las empresas del grupo".

El sindicado ha señalado que se opone de forma rotunda a este despido colectivo que pretende cerrar de facto la compañía ya que afectaría al 94 % de la plantilla.

Considera que la empresa utiliza la fórmula del ERE por causas productivas únicamente con el fin de no cumplir sus compromisos con los representantes de los trabajadores a nivel europeo y eludir la entrega de la documentación económica tanto de la empresa como del grupo que supondría presentar un expediente de cierre por causas económicas.

Por su parte, fuentes de Sirta han indicado que desde el año 2008 la compañía "sufre una muy difícil situación que se ha convertido en insostenible, debido principalmente a un desplome de las ventas y a la existencia de pérdidas acumuladas que hacen inviable mantener la actividad de los centros de restauración tradicionales de la compañía".

Ha asegurado que ha trabajado para "encontrar soluciones encaminadas a poder adaptarse al nuevo entorno de mercado y garantizar la viabilidad de la compañía que, desgraciadamente, no han alcanzado los resultados necesarios".

Por lo que la compañía se ha visto obligada a realizar un proceso de reestructuración que "se va a desarrollar respetando el procedimiento de negociación legalmente establecido y tratando de consensuar con los representantes de los trabajadores la solución más adecuada posible ante la crítica situación de la compañía".

Ha precisado que será en la mesa de negociación con los representantes de los trabajadores donde se aborden las cuestiones relativas a este proceso.

TRABAJADORES DE OCINE REÚNEN 7.000 FIRMAS CONTRA EL CIERRE

Donostia

Los trabajadores de las salas de la Bretxa multiplican sus reuniones para evitar la clausura

Los trabajadores de las nueve salas de la empresa Ocine ubicadas en el complejo comercial de La Bretxa han reunido hasta el momento 7.000 firmas en contra del cierre de estas pantallas, que ha sido decidido recientemente por la empresa con sede en Girona.

En estos días, los trabajadores están dando a conocer su situación tanto por Internet como en algunos actos públicos y, además, están multiplicando sus reuniones para tratar de evitar la clausura de estas instalaciones. Ocine presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción ante el Gobierno Vasco, lo que deja un tiempo de margen para tratar de reconducir la situación que, en el peor de los casos, podría llevar al cierre de las salas en un mes.

Hasta ahora, los representantes de los quince trabajadores que podrían perder su empleo se han reunido con el PP del Ayuntamiento de Donostia y lo harán también con el PNV y el PSE-EE. Por el momento no tienen cita con el Gobierno de Bildu.

Con estos encuentros, los trabajadores confían en que el Consistorio pueda presionar a la empresa La Bretxa, concesionaria del complejo de titularidad municipal, para que esta rebaje el precio del alquiler de las salas, uno de los factores que le han llevado a decidir el cierre a Ocine. El otro factor, según aseguró la gerente de las salas, Irene Goya, es que el complejo comercial está en decadencia, cada vez hay menos locales alquilados y funcionando y los cines carecen de compañía comercial que pueda atraer a más público.

“El centro comercial se ha ido deteriorando”, asegura Ocine, que recuerda que el edificio de la antigua Pescadería se halla mayoritariamente vacío y “todo ello, junto con la crisis general y del cine en particular, y entre pérdidas directas, la situación no es sostenible con las actuales rentas”. La falta de acuerdos para alcanzar bonificaciones “para adecuarlas a la realidad” ha sido la puntilla, según la empresa.

MÁS DE 41.000 TRABAJADORES PASARON POR UN ERE EN LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

Pontevedra

La industria, que habitualmente genera puestos de trabajo de mayor calidad y que crea a su alrededor más valor añadido y puestos de trabajo en forma de empresas auxiliares, es un sector que brilla por su ausencia en la comarca de Pontevedra.

Los estudios del Instituto Galego de Estadística demuestran que apenas aporta un 10% del PIB de la comarca. La dependencia económica de un sector como es el de las administraciones públicas es brutal, de un 31%, unos diez puntos por encima del peso que tiene este sector, por ejemplo, en el conjunto de la economía gallega.

Un total de 41.803 trabajadores de la provincia de Pontevedra estuvieron sometidos a algún Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en los últimos tres años, según se recoge en los datos aportados por el Gobierno en el Congreso de los Diputados a una pregunta del PSOE.

En 2011 se contabilizaron 12.648 trabajadores que pasaron por un ERE, en 2012 (el peor año) 15.497; en 2013 un total de 10.773 y en el primer trimestre del año son ya 2.885 los trabajadores afectados por expedientes de regulación en un total de 186 empresas de la provincia. La mayoría 2.424 estaban afectado por suspensión de contrato, un total de 67 por despidos colectivos y 394 por reducción de jornada.

LOS TRABAJADORES DE COCA-COLACALIFICAN DE «TRAIDOR Y CORRUPTO» AL SINDICALISTA VILLAR

laverdad.es

Los empleados defienden que «la lucha es el único camino» y que el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CC.OO. debe dimitir de su puesto

En torno a un centenar de trabajadores de Coca-Cola se han concentrado a las puertas de la sede de CC.OO.-Madrid, donde se celebra el Consejo Confederal del sindicato, para pedir la dimisión del secretario general de la Federación Agroalimentaria de CC.OO., Jesús Villar, al grito de "traidor y corrupto".

Con la música de la película 'El padrino' de fondo, los trabajadores de Coca-Cola han defendido que "la lucha es el único camino" y que Villar debe dimitir de su puesto en la Federación Agroalimentario. "Este sindicato no es tuyo, es nuestro" y "Te vendes a la patronal" han sido algunas de las consignas que más han coreado los trabajadores.

Según el secretario de Comunicación y Organización de CC.OO., Fernando Lezcano, ningún miembro del sindicato ha pedido la dimisión de Villar en el seno del Consejo Confederal, al menos durante la mañana.

Lo que sí ha dejado claro es que el mensaje que ha dado la dirección confederal en el máximo órgano entre Congresos es que debe recomponerse el consenso interno y no tomar decisiones sin el apoyo de todos los implicados y afectados en el conflicto de Coca-Cola.

Antes del verano, la Audiencia Nacional declaró nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), que afectaba a 1.190 empleados y que implicaba el cierre de cuatro plantas (Alicante, Palma de Mallorca, Fuenlabrada y Asturias), lo que supone la reincorporación de los trabajadores afectados a sus puestos de trabajo.

La compañía ejecutó finalmente 821 despidos de los 1.190 que contemplaba el expediente, los cuales deberán ser readmitidos por la empresa con el abono de los salarios dejados de percibir.

De esta forma, la sala de lo Social de la Audiencia Nacional estima las demandas de los sindicatos UGT, CC.OO. y CSI-F contra la decisión de la empresa de aplicar el ERE, argumentando causas organizativas y productivas. La compañía, por su parte, presentó un recurso contra el ERE, que será visto por el Tribunal Supremo.

A finales de julio, Coca-Cola Iberian Partners presentó a los sindicatos una nueva propuesta en la que aportó mejoras en prejubilaciones y de empleo, pero sigue sin alcanzarse un acuerdo entre las partes, ya que los trabajadores la consideraron "insuficiente".

APOYO JUDICIAL AL ERE QUE OBLIGÓ A CERRAR EL PARADOR DE PUERTO LUMBRERAS

El Tribunal Supremo ha avalado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) acordado por Paradores de Turismo en 2013 en virtud del cual se despidió a 350 trabajadores y se acordaron suspensiones temporales de empleo para otros 246, además de reducción de jornada para otros 400, y que supuso el cierre del parador de Puerto Lumbreras, el único de la red que cerró sus puertas de los siete que se plantearon inicialmente.

El Comité de Empresa negoció las medidas con la dirección de Paradores de Turismo de España, llegando a un acuerdo suscrito en enero de 2013.

EL CONTRATO DE LA BASURA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID AMENAZA AL PP CON UNA HUELGA ANTES DE LAS ELECCIONES

Urbaser y Ferrovial ofrecen al Ayuntamiento una rebaja del 11% para quitar a FCC un servicio que gestiona desde 1940 Los sindicatos vaticinan recortes laborales

El servicio de recogida de basuras, que en la capital gestiona Fomento de Construcción y Contratas (FCC) desde 1940, amenaza con convertirse en una pesadilla —a solo ocho meses de las elecciones municipales de 2015— para el Partido Popular (PP), que se enfrenta a la amenaza de una huelga como la del pasado noviembre.

El Ayuntamiento de Madrid, que gobierna Ana Botella, tiene previsto adjudicar el nuevo contrato de residuos urbanos. Se ha licitado por 83,3 millones de euros y una duración de 13 meses, para prestar servicio en 14 de los 21 distritos (en la periferia).

FCC gestionaba hasta ahora tanto ese contrato como el que presta servicio en los siete distritos restantes (en el centro). Para renovarlo, presentó una puja con una rebaja del 0,76% sobre el precio de licitación; la oferta económica es clave, pues supone 60 de los 100 puntos de la adjudicación.

Sacyr aportó una puja muy similar, con una rebaja del 0,36%. Pero Urbaser —de la constructora ACS— y Ferrovial se desmarcaron con una oferta conjunta que implica un recorte del 10,7% sobre el precio de licitación (sumado ya el coste de amortización del equipo, cinco millones de euros, que tendrían que abonar a FCC en caso de ganar el contrato).

FCC ve “imposible” prestar el servicio en esas condiciones, según afirmó en un comunicado. “Será difícil evitar el conflicto laboral ante la profunda alteración de las condiciones operativas y sus consecuencias sobre ambas plantillas, la de periferia y la de centro”, añadía. La empresa critica que se separen los dos contratos, que de hecho son independientes desde hace años pero su gestión por parte de una sola empresa ha unificado de facto.

CC.OO., UGT y CGT aseguran que el servicio se verá perjudicado y temen además que empeoraran las condiciones laborales de los 1.500 trabajadores que lo prestan. Dan por seguro que habrá protestas e incluso una huelga en las próximas semanas si Urbaser y Ferrovial se adjudican el contrato, algo que fuentes empresariales, sindicales y municipales dan ya por seguro.

El pasado verano, la licitación del contrato de limpieza urbana (barrenderos) con rebajas sobre el precio de licitación superiores al 20% resultaron en un expediente de regulación de empleo (ERE) que amenazó con dejar en la calle a más de un millar de empleados.

Lo evitó una huelga de 13 días, que sepultó la ciudad bajo toneladas de porquería. La pasividad inicial de la alcaldesa incendió a la ciudadanía y agotó su crédito político. Apenas semanas después, decidió aplazar un año la licitación del servicio de basuras. Una nueva huelga habría terminado de fulminarla. Pero el contrato ya arrastraba problemas de tiempo atrás.

FCC obtuvo el servicio de recogida de la periferia por 688 millones en 2002, y el de centro por 470 millones en 2006. Este último concluye en 2015, pero el primero finalizaba en diciembre de 2012. El Ayuntamiento lo sacó a concurso poco antes, pero sólo se presentó FCC con un precio superior al de licitación; su oferta fue desestimada y el contrato se prorrogó un año.

A finales de 2013, tras la huelga de barrenderos, se alargó otro año. Ahora, agotadas ya las prórrogas, el Ayuntamiento ha optado por licitar un contrato de sólo 13 meses, con la vista puesta en que, cuando en 2015 expire el de centro, unificarlos en uno solo de mayor cuantía y duración, y con condiciones diferentes.

Para evitar una huelga como la de 2013, el Ayuntamiento ha incluido una cláusula que obliga a mantener la plantilla actual (unos 1.100 trabajadores). Además, ha elevado un 24% el pago a la adjudicataria; el motivo es que el volumen de residuos en la capital ha caído un 30% desde 2008, y a la empresa se le paga según la cantidad de basura que recoge.

Fuentes empresariales indican que FCC factura ahora 56 millones de euros al año por el servicio. Dado que el precio de licitación es de 83,3 millones, la rebaja del 10,7% de Urbaser y Ferrovial dejaría en 74,7 millones el pago.

Fuentes empresariales y municipales apuntan dos razones para explicar lo agresiva de esta oferta: en primer lugar, la preocupación de Urbaser por haberse quedado fuera de los otros grandes contratos municipales en 2013, perdiendo así el efecto bandera que conlleva, a la hora de acudir a licitaciones en España o en el extranjero, el gestionar servicios de gran volumen como los de la capital.

Y, además, colocarse en mejor posición ante la adjudicación en 2015 del contrato realmente importante: el unificado de periferia y centro, por un precio milmillonario y una década de duración.

Pese a que el contrato licitado ahora “contempla que el servicio se mantenga con los mismos recursos humanos, económicos y materiales”, según el concejal de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, fuentes empresariales dudan de que Urbaser y Ferrovial puedan prestarlo por ese precio.

Aducen que carecen de ciertos medios que FCC sí tiene por llevar ejecutando el servicio desde hace décadas, e incluso que resulta imposible cumplir algunos compromisos de su oferta, como rebajar el plazo máximo para la recogida de sacos de escombros de las 72 horas actuales a 60.

Pero fuentes municipales, sindicales y empresariales ponen la clave en otra circunstancia que, de ser cierta, sería irregular: FCC, por gestionar el contrato de centro y periferia, estaría manejando la plantilla y medios de ambos como si fueran sólo de uno.

Así, el cambio de empresa podría obligar —según FCC y los sindicatos— a tomar medidas que afectaran a las condiciones laborales de hasta 900 trabajadores de centro y periferia: no despidos, pero sí rebajas salariales o cambios de lugar.

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