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22 Jul 2012

Tras los 100.000 euros en multas durante el 15M, manifestarse ya está por encima de nuestras posibilidades

Escrito por  Ana Tudela Flores
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El Gobierno del Partido Popular, que no deja de tomar medidas, ha impuesto el copago al derecho de reunión y manifestación. No lo dice el BOE. No lo busquen en el Memorándum de Entendimiento con Bruselas, ese documento esquivo con nombre de tabernero de los Simpson...

Pero está escrito (y en papel oficial) que el derecho a reunirse y a protestar ya no está al alcance de todos los bolsillos. Lo dicen 314 sanciones administrativas impuestas en Madrid a otras tantas personas entre los días 12 y 15 de mayo de este año, con una recaudación total prevista de 105.000 euros. Menudo chollo conseguir en cuatro días el equivalente al sueldo anual de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, si ese dinero fuese a parar al Ayuntamiento.

El invento, aunque se ha exprimido hasta el dolor bajo mandato del Partido Popular y sobre todo este año durante los días de celebración del primer aniversario del 15M, no es nuevo. Este país de nimileuristas, con 1,7 millones de hogares que no reciben ningún ingreso al mes, este país que va a susto por viernes y al que lo único que le crece es el IVA, el paro, la prima y la indignación, lleva recibiendo avisos de la limitación por el bolsillo del derecho a reunirse y protestar desde mayo de 2011, cuando gobernaba el Partido Socialista. El ritmo, es cierto, era mucho menor, ahora ya van a 50 sanciones de media por actuación. Antes rara vez pasaban de 20, pero les mostraron el camino. Todo ha ido en aumento. Puestos a comparar, también eran tiempos en que los antidisturbios pegaban pero menos, básicamente cuando andaba por aquí el Papa, que con esta gente de Iglesia siempre se reparte de lo mismo. Ahora, sin Papa, las fuerzas del orden pasean por el centro a tiro limpio.

726 personas sancionadas en un año, 314 en cuatro días

Por hacer balance, si se suman las sanciones expedidas por protestar o reunirse en la capital desde mayo de 2011, cuando estalló en Sol el movimiento indignado, la cifra se eleva a 726 personas sancionadas y la recaudación prevista con dichas sanciones a 217.200 euros. Serían dos años de sueldo de Botella, mira qué bien, por sanciones en su mayoría de 300 euros, pero entre las que hay alguna de 1.200 euros, porque al que lleva el megáfono se le considera convocante y eso tiene un plus de castigo. Las sanciones se agarran a “convocatoria de concentración no comunicada”, como las que se impusieron entre el 2 y el 20 de mayo de 2011; “alteración del orden público”, por la concentración ante el Congreso el 3 de junio; “alteración del orden público y desobediencia”, en las manifestaciones durante la celebración del JMJ el 19 de agosto y por el de Tomalabolsa, el 17 de septiembre.

¿Qué ha cambiado? Llega al poder el Partido Popular. El 1 de febrero de 2012 se abre sanción contra 89 personas por desobediencia y resistencia durante la acción Yonopago en el Metro de Madrid, una acción muy diferente sin duda a una asamblea o una manifestación, sea o no comunicada a la autoridad, pero que marca un ritmo sancionador que ya no bajará. El 25 de marzo se abre expediente para sancionar a 75 personas a las que se acusa de desobediencia durante la celebración de la semana de lucha por la vivienda.

El aniversario del 15M se va acercando y el bolígrafo de las sanciones se empieza a animar. En las asambleas de los barrios se empiezan a abrir expedientes por incumplimiento de ordenanzas municipales: uso de megafonía, pancartas … El 27 de abril, durante el transcurso de una manifestación en apoyo de los detenidos en la jornada TomaelMetro, se prescribe sanción administrativa a 73 personas.

El aniversario del 15M

12 de mayo de 2012, sábado, primer día de celebración del aniversario del 15M. Las calles de Madrid se llenan de gente que grita “Vuestra crisis no la pagamos” y que asegura que “Sí se puede”. El intento de permanecer en Sol, la plaza emblemática que tiene que quedar despejada a las once de la noche según la Delegaciónde Gobierno, se va quedando según avanza la noche en un grupo cada vez más reducido de personas que serán desalojadas cerca del amanecer. La ley dice que las reuniones de más de 20 personas deben ser convocadas y comunicadas y a ella se agarran. Un total de 82 ciudadanos son sancionados administrativamente ese día. La noche siguiente, la historia se repite. A las seis de la mañana, cuando el mermado grupo que no llega al centenar de personas que ha permanecido en Sol asambleado se mueve de lado de la estatua de Carlos III para permitir que los servicios de limpieza hagan su trabajo, una treintena de furgones policiales entra en la plaza y se pone a desalojar. El saldo en sanciones afectará a 65 personas.

Al día siguiente, a las cuatro de la madrugada, cuando quedan unos cuantos grupos dispersos en Sol, de nuevo la treintena de furgones entra a la plaza y se sitúa en el centro de la misma procediendo a su desalojo. Una barrera de antidisturbios evacua por la calle Montera a todos los que se encontraban en la plaza, muchos de ellos de prensa, incluida esta periodista, y va identificando a algunos de ellos por el camino. No se observa resistencia a sus indicaciones más allá de las habituales frases coreadas en presencia de la Policía que la gente pronuncia mientras camina. En uno de los expedientes sancionadores de esa noche, al que ha tenido accesocuartopoder.es, se alega que los manifestantes corean “estas son nuestras armas”, como dando a entender que se trata de una amenaza. Como sabe todo el que haya estado en una de estas concentraciones, esas frases las corean precisamente para demostrar que no van armados. Se acompaña levantando las palmas de las manos y mostrándolas como prueba de cuál es la defensa ante quien sí lleva armas, es decir, las fuerzas de seguridad del Estado. Se habla también de “fuerte resistencia activa” a la orden de abandono de la plaza cuando el sancionado fue obligado a identificarse a mitad de la calle Montera cuando caminaba ya hacia Gran Vía, como la mayoría de los presentes. Esa noche fueron detenidas ocho personas. ¿Qué diferencia observó la policía entre aquellos a los que decidió detener y los que identificó si ambos mostraron una fuerte resistencia activa a obedecerlos, teniendo en cuenta que una barrera de antidisturbios avanzó desde Sol por Montera sin permitir que nadie quedase atrás a su paso?

Aún más extraña resulta la actuación de la noche siguiente, del 15 de mayo, último día del aniversario, al 16. A primera hora de la noche, los concentrados en Sol optan por desplazarse hasta el edificio de la Bolsa. Allí espera ya una buena dotación de furgones y antidisturbios que acompañan a los manifestantes en un peregrinaje que por momentos no parece encontrar fin. Retorna a las inmediaciones de Sol, enfila por la calle de Segovia, pasa por debajo del Viaducto, sube casi hasta la Almudena, regresa, y cuando en Tirso de Molina una asamblea improvisada decide que ha llegado la hora de irse a casa, 26 furgones policiales y seis coches patrulla cortan las salidas de la plaza. Los antidisturbios impiden marcharse a todo el que se encuentre por allí, los cercan hasta formar un círculo apretado de personas encorsetadas por una doble fila de efectivos policiales y una vez así, los multan. Uno a uno, un despilfarro de gasto en horas extra de fuerzas de seguridad, va tomando datos personales de personas que se iban a su casa. El total de sanciones con fecha 15 de mayo es de 117. La fecha se convierte en un mal recuerdo para muchos bolsillos.

La Ley que utilizan en tanta sanción se llama Ley de Protección Ciudadana y data de 1992. También se acogen a la Ley reguladora del Derecho de Reunión, de 1983.

Comisión Legal de Sol

Un grupo de una veintena de abogados a los que les gusta que les llamen “militantes, mejor que altruistas” y que forman la llamada Comisión Legal Sol, ligada al movimiento 15M, lleva más de un año manos a la obra para, entre otras actuaciones, agotar la vía administrativa y llegar si es preciso a juicio con estas sanciones. Están atendiendo de forma gratuita a 206 personassancionadas ayudándolas con los dos recursos y las alegaciones que caben ante la Delegaciónde Gobierno, el recurso posterior ante el Ministerio del Interior y finalmente el recurso de alzada ante los juzgados de lo contencioso administrativo. Cuando se les pregunta cómo se van a afrontar los gastos de los procuradores comentan que hay una procuradora entre ellos (“a la que tenemos frita”, bromean) y que de momento se están pudiendo presentar las alegaciones de forma conjunta porque los expedientes policiales se han abierto también de forma colectiva (“no se molestan en individualizarlos”, añaden). Comentan que desconocen qué ha ocurrido con el resto de sancionados, cuántos habrán pagado y cuántos se estarán defendiendo por su cuenta. También, que todavía pueden llegar más sanciones que las que se han comunicado porque el plazo que tiene la Delegación de Gobierno para la primera comunicación es de seis meses.

http://www.cuartopoder.es/montandoelnumero/tras-los-100-000-euros-en-multas-durante-el-15m-manifestarse-ya-esta-por-encima-de-nuestras-posibilidades/78

Comments  

+14 #1 colette 2012-07-22 13:52
cual es la parte de "LE LLAMAN DEMOCRACIA Y NO LO ES" que no habiais captado?

es estupendo que tantos "cincolobitos" y "abrazamaderos" vayais despertando , el sistema JAMAS admitira cambios desde dentro

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