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22 Feb 2012

Política de Estado: Imputados en Zamora y apaleados en Valencia Destacado

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En Zamora 13 personas han sido imputadas por las protestas del pasado junio frente al Ayuntamiento. Mientras esto sucede en Zamora en el País Valenciano la policía carga contra chavales de instituto. Censurar mediante el látigo cualquier protesta es Política de Estado. La paz social ha de perdurar.

Han sido muchos años de “paz social” basada en la explotación salvaje de las masas más profundas de la clase obrera, en el robo de los recursos de los países oprimidos mediante la combinación de la ayuda humanitaria, el soborno financiero y la guerra imperialista; apoyado todo esto firmemente en el bombardeo ideológico al que nos someten constantemente las clases dominantes pues sus ideas supuran por todos los poros de la sociedad capitalista: conformismo, individualismo y resignación, desprecio a la organización colectiva, respeto al orden vigente, tolerancia para con los opresores y repulsa y condena para los oprimidos que luchan…  En los últimos tiempos esta paz social se ve “amenazada”. Ya no somos “pequeños grupos radicales” de “la extrema izquierda” los únicos que nos organizamos, que acudimos a manifestaciones y que no comulgamos con las ruedas de molino que los mass media nos presentan desde que nos levantamos hasta que se acaba la jornada. Trabajadores sin casa y con hipoteca, el ejército de cinco millones de parados, estudiantes… han hecho en el último año que la política esté en la calle y que no se reduzca a pequeños sectores organizados la crítica al régimen parlamentario.

El 11 de Junio de 2011 tomaban posesión de su cargo los concejales elegidos en las elecciones municipales entre las protestas de los convocados por la Asamblea del 15M. Durante la concentración se vivieron varios momentos de tensión donde la policía como autoridad armada defendió a las autoridades electas del peligro representado por la presencia de un movimiento pacífico centrado en la denuncia de las corruptelas de la clase política.

Aprovechándose de estos sucesos la fiscalía del Estado, en manos del PSOE por entonces, inició un proceso judicial que ha tomado forma este febrero con la imputación de trece compañeros que participaron en aquella manifestación y a los que se llama ahora a declarar ante el juez por las denuncias de varios policías, del Ayuntamiento de Zamora y de la fiscalía, ahora del PP. Pensar que se van a juzgar los hechos del 11 de Junio sería pecar de inocentes en una sociedad en la que todos somos culpables salvo que se demuestre lo contrario. Si así fuese de nada habría que preocuparse pues los encausados no realizaron ninguno de los delitos que se les imputan. El proceso, y el posible juicio que puede conllevar para algún compañero, no es fruto del afán investigador de un juez sino que es producto inequívoco de la persecución política, del ataque de la maquinaria estatal contra aquellos que se han atrevido a lanzarle una crítica, por pequeña que pueda ser ésta.

La causa política y judicial abierta contra los indignados en Zamora muestra evidencias del carácter de la dictadura del capital: persecuciones y retenciones arbitrarias por la calle, existencia de ficheros ideológicos de la población, seguimientos policiales, declaraciones falsas…

 Lo que pretende el Estado es castigar, dar una lección a los indignados para que “aprendan” y vuelvan a sus casas. El Estado quiere que, como en los últimos años, en la calle reine la paz, la paz de los cementerios. Y por ello ha establecido que la mejor medida ejemplarizante contra los indignados es la de llevarlos a juicio para asustar y amedrentar y, si sale rentable para los intereses de la clase dominante, multar y encarcelar. Cortar de raíz los posibles movimientos que de la indignación pasen a la lucha, esa es la política de estado en nuestros días.

Pasa en Zamora como pasa en Madrid donde siguen sucediéndose detenciones de manifestantes. Y pasa en Barcelona, donde el gobierno ha indultado por Real Decreto a cinco mosso´s condenados por torturas, como pasa en Valencia.

Estos días, mientras la aristocracia obrera representada en CCOO y UGT está peleando para que el gobierno la incluya en sus negociaciones por la reforma laboral y contra la clase obrera, estamos viendo como la policía antidisturbios se ensaña con unos estudiantes de instituto, convertidos ya en referente del pueblo trabajador. En una semana más de 40 detenidos y varias decenas de heridos, a los cuales según denuncian médicos valencianos la policía estaría “requisando” los partes de lesiones. Habrá que ver a estos tipos de uniforme constitucional que hoy ríen cuando se enfrenten a obreros como los griegos y a revolucionarios como los naxalitas.

La policía se granjea el odio de la clase obrera por mostrarse como lo que es. En Zamora unos maderos mienten sin pudor para sacarse un sobresueldo y ganarse los favores de sus mandos, poco les importa que puedan destrozar la vida de quien, por sus mentiras, pueda acabar en prisión. En Valencia llaman putas a las estudiantes y apalean a los viandantes para, como dice el ministro Gallardón, defender a las personas libres: banqueros, patrones, jueces, parlamentarios, fascistas…Y así ellos mismos nos enseñan que la policía no debe ser vista “agente por agente” para que los obreros nos solidaricemos con las circunstancias personales de cada mercenario, que por otro lado “sus lágrimas las compran en las rebajas”, como dice la canción. La policía cumple una función social, ocupa un lugar determinado en la sociedad capitalista destinada a ser la fuerza de choque organizada contra la clase obrera, ante la cual en el futuro no tendremos más solución que oponer nuestra organización revolucionaria.

La versión policial de los hechos en Valencia, el discurso del gobierno y los mass media, está amoldada a los tiempos de paz social, hecho por el que o bien dicen que son muy pocos los que protestan o reducen las manifestaciones a producto de la “infiltración radical y violenta” entre los estudiantes. El objetivo es el mismo que el de la represión en Zamora, doblegar la conciencia de todos aquellos que, precisamente, toman conciencia. Enfrentar a los hijos de la clase obrera a los “radicales” forma parte de la estrategia del Estado. Los estudiantes sin organizar y los ya organizados no somos elementos diferenciados entre nosotros, en el sentido que la propaganda burguesa pretende, pues los “movimientos radicales” a que se refiere el Estado (comunismo, antifascismo, anti-capitalismo) son precisamente aquellos en los que se organiza la juventud obrera para defender sus intereses de clase y luchar contra el sistema capitalista. El epíteto de “radical” es utilizado por el gobierno y la prensa para atacar la necesidad que tiene la juventud trabajadora de organizarse. Pero radical es un adjetivo que la clase obrera debe llevar con orgullo pues significa ir a la raíz de los problemas para solucionarlos hecho que los comunistas no ocultamos: estamos por la solución radical de los problemas del capitalismo, estamos por la Revolución Socialista.

Un alto cargo policial en el País Valenciano llamó a los estudiantes “el enemigo”. Se le “escapó” una verdad. No porque los estudiantes defiendan hoy día la enseñanza pública pues ésta en las coordenadas de la democracia burguesa sólo es un órgano para encuadramiento de masas. Si no porque en la medida en que la juventud se organice y empiece a adquirir conciencia de clase chocará necesariamente con los límites del capitalismo que toman cuerpo en las salas de los juzgados zamoranos, en el material antidisturbios valenciano, etc.

Los estudiantes, los parados, los jóvenes… la clase obrera, somos el enemigo del estado burgués y el capital porque en nuestra clase se encuentra el germen del socialismo. Un germen que solo puede brotar a través de la organización sobre los principios del comunismo revolucionario. 

Modificado por última vez en Miércoles, 22 Febrero 2012 12:35

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