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01 Nov 2014

La unidad de España y el 9N Destacado

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A aquella parte del pueblo español que está a favor de la violencia que el Estado español ejerce sobre el pueblo catalán.

Los partidos independentistas catalanes, mayoritarios en su conjunto en el Parlamento Autonómico catalán, respondiendo al clamor de una gran parte de la población acordaron hacer el próximo 9 de noviembre un plebiscito en torno a la independencia de Catalunya respecto del Estado español. El gobierno español se opone a la realización de dicha consulta alegando que es inconstitucional.

Cabría preguntarse en qué se basa la inconstitucionalidad de ese plebiscito si tuviese carácter vinculante, pero dado que se trata tan solo de conocer el sentir de la población de Catalunya, esa Comunidad Autónoma constituida sobre lo que desde siglos viene siendo Cataluña, tierra patria de la nación catalana, la legalidad de dicha prohibición no es la principal cuestión. Lo es, eso sí, el motivo por el cual el gobierno español prohíbe que se lleve a cabo dicha consulta. ¿Qué es lo que temen los gobernantes de España? ¿Temen que se sepa el grado de descontento del pueblo catalán con las decisiones de los gobiernos españoles? ¿O que se dé público conocimiento de que una gran parte del pueblo catalán está harto de ser tratado como botín de guerra desde aquel fatídico 1714 en que los ejércitos del Borbón Felipe V, antepasado del actual rey de España, invadieron Catalunya?

Nadie con un mínimo de conocimiento de la historia de los pueblos que hoy forman el Estado español puede negar que la tan cacareada unidad de España tenga como fundamento y sostén la violencia. No es voluntad del pueblo catalán estar sometido a las leyes y gobiernos de España, sino que esa condición le ha sido impuesta a punta de bala. Los poderes político, judicial y militar concurren en la acción represora, al igual que el poder económico de unas instituciones financieras que controlan a los gobiernos que manejan a su manera los impuestos que paga toda la población.

La violencia del Estado español no es cosa del pasado, ni siquiera de los tiempos de la dictadura, sino que permanece en la legalidad presente, controlada, como bien sabemos por las fuerzas que se sublevaron contra el espíritu progresista de la II República, la cual sin ser un prodigio de perfección era un estimable avance democrático. Muestras claras de la actual violencia estatal son la vergonzosa ley mordaza, que pretende acallar las protestas del pueblo ante las injusticias de sus gobernantes y en el caso presente negar el derecho de plebiscito al pueblo catalán.

El terco empeño de quienes defienden la unidad de España nos mueve a preguntar a quien favorece y a quien perjudica. Y sin lugar a duda alguna nos atrevemos a afirmar que perjudica a quienes pagamos el gasto y favorece a quienes del esfuerzo ajeno se benefician. Otro sería el discurso catalán si los impuestos que pagamos sirviesen por igual para bien de toda la población del Estado español. Pero lejos está la realidad presente de ese supuesto. Los impuestos que pagamos los catalanes van preferentemente a engrosar los dividendos y beneficios de las grandes corporaciones mercantiles internacionales.

Si al expolio fiscal le añadimos la agresión y la falta de respeto que el pueblo catalán viene padeciendo desde hace tres siglos por parte de los gobiernos de España, podremos entender la sensibilidad que ahora nos mueve a clamar por la independencia. Desde el genocidio perpetrado por el Borbón Felipe V y la anexión de Catalunya al territorio español, nunca hasta nuestros días el pueblo catalán ha recibido la menor reparación por parte de los gobiernos españoles. ¡Nunca! Y lo que es peor: nunca lo han mencionado. Desde España se ha dado siempre por bueno el desenlace de la invasión de Catalunya.

Actualmente ese Estado español heredero de la dictadura nos sigue imponiendo un rey hijo y sucesor del que impuso a dedo el dictador y los poderes fácticos que dominaron durante la dictadura y siguen hoy dominando. Falsa es a todas luces la apariencia de democracia que reina en España. Ni derecho a expresar su sentir y su pensar tiene el pueblo catalán según el Tribunal Constitucional Español. ¿Qué clase de democracia es, pues, la que niega el más elemental derecho de expresión?

El pueblo catalán vive bajo el dominio de los gobiernos de España desde hace tres siglos. Eso que puede incluso parecer lógico y aun bueno por quienes de ello se benefician no lo es para quienes lo padecemos. Tres siglos de sumisión no pueden tornar justa la injusticia que cometieron las armas y el poder. El pueblo catalán no acepta ese resultado ni parece dispuesto a aceptarlo nunca. La lucha sigue y seguirá hasta que la dignidad de la nación catalana sea respetada como merece. Y eso exige librarse de la opresión española. Ténganlo claro, pues, quienes a lo justo anteponen la conveniencia de la unidad de España. No nos pararán. No cejaremos. /PC

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