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09 Ene 2015

Córdoba: La Iglesia reinicia su campaña en defensa de su apropiación de la Mezquita apoyándose en un informe del gobierno del PP Destacado

Escrito por  La Otra Andalucía
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El Obispado de la ciudad ha sacado ahora a relucir, en defensa de su apropiación de la Mezquita de Córdoba, desconocemos con que otras intenciones, un informe del gobierno estatal del Partido Popular (PP) emitido el pasado mes de junio, en el que se respaldan plenamente sus tesis para justificar el robo institucionalizado del edificio.

El Cabildo ha emitido ahora un comunicado en el que espera que dicho informe "contribuya a aclarar la confusión generada desde distintos ámbitos" en torno a la titularidad del monumento y "ponga fin a la campaña de desinformación" que se mantiene desde hace varios meses. En el comunicado, el Cabildo valora "de forma muy positiva" la respuesta dada por el Gobierno en relación con la propiedad del monumento, en la que "reconoce que el templo ha sido y es propiedad de la Iglesia".

¿Por qué saca ahora a relucir un informe de hace seis meses? Lo cierto es que  nos tememos lo peor. Dicho informe, emitido entonces ante la reclamación de un particular,  vuelve a desempolvarse en el contexto de unas negociaciones entre el obispado y la Junta en que todo hace indicar un próximo acuerdo en el que, a cambio de que el Cabildo aceptarse la constitución de un organismo público que gestionarse los aspectos turísticos y culturales de la Mezquita, así como compartir las ganancias, las administraciones, incluida la “autonómica”, permitirán y consolidarían su propiedad sobre el edificio.

¿Pero qué dice el citado informe? Pues según ha trascendido, el mismo señala, en primer lugar, una obviedad intrascendente: que "de acuerdo con el informe de la Delegación de Economía y Hacienda en Córdoba, el inmueble conocido como Mezquita-Catedral de esa ciudad no está incluido como bien de titularidad estatal en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, ni tampoco consta antecedente alguno relativo al citado monumento en la documentación en el archivo de la Delegación". O sea, que la administración del Estado carece de titularidad documental alguna sobre el edificio. Lógico, nadie la tiene.

También declara que "Desde el inicio de los trabajos de implantación del catastro de urbana en Córdoba, a primeros de los años 70, el inmueble en cuestión ha tenido un único titular catastral, siendo éste el Obispado de la Diócesis de Córdoba". La falsedad de esta afirmación tan categórica se cae por su propio peso. ¿Si desde los 70 ya constaba la titularidad de la Iglesia por qué tuvo ésta que inmatricularla a su nombre en 2006? ¿Y por qué fue admitida dicha inmatriculación cuando ya constaba el edificio a nombre de la Iglesia?  La única respuesta es evidente, si la Iglesia tuvo que inscribir la propiedad de la iglesia hace ocho años  y dicha inscripción le fue aceptada, fue porque, hasta entonces, dicha titularidad no constaba.

El informe intenta justificar dicha contradicción arguyendo que “la inmatriculación de la Catedral de Córdoba en el Registro de la Propiedad mediante la Ley Hipotecaria no hace sino lograr la concordancia entre el Registro y la realidad jurídica”. O sea, que poner a su nombre por parte de una institución un edifico no aportando más “pruebas” que el medieval derecho de conquista y su utilización como propio desde entonces, es hacer concordar una realidad registrar inexistente con una “realidad jurídica” impuesta. Vamos, regularizar las ilegalidades reconvirtiéndolas en legales mediante normativas hechas a medida para hacerlo posible. ¿Es esto lo que los constitucionalistas denominan “Estado de Derecho”?.

Por último, recoge que "la Abogacía del Estado ya señala que nadie cuestiona que Fernando III el Santo, tras la conquista de Córdoba en 1236, decide que la Mezquita sea consagrada y convertida en Catedral de la ciudad, y desde entonces la Iglesia es quien gestiona la misma, si bien colaboran en su conservación y mantenimiento, ya en la época moderna, tanto el Estado como otras administraciones públicas, y ello dada su condición de bien de patrimonio histórico. Así resulta de otros documentos incorporados al expediente del convenio de colaboración suscrito entre la Junta y el Cabildo Catedralicio el 19 de diciembre de 1991, en el cual se reconoce al Cabildo como titular del monumento".

¿Desde cuándo son argumentos jurídicos que demuestran propiedad sobre un inmueble la apropiación del mismo por la fuerza y su gestión? Si para el Estado lo es, les recomendamos a todos los colectivos alternativos  que okupan edificios abandonados que soliciten la propiedad de los mismos arguyendo idénticas “pruebas”, ya que ellos también han forzado su entrada en los mismos y desde entonces los gestionan.

Pero quizás el quid de la cuestión se encuentre en la mención a anteriores convenios con la Junta de Andalucía y su supuesto reconocimiento implícito de la titularidad del edificio. Si lo interrelacionamos con las conversaciones ya mencionadas entre el Cabildo y la Junta, quizás la respuesta esté en una mera campaña para ir preparando el terreno para que la población lo acepte en los términos previstos. Pronto lo sabremos. El plazo que se ha impuesto a sí misma la Juna para el acuerdo es de tres meses. Marzo puede ser el mes en el que la Iglesia culmine con éxito el robo a los andaluces de la propiedad del Mezquita de Córdoba con el respaldado de la Junta.

La Otra Andalucía

http://www.laotraandalucia.org/node/2226

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